Los retrasos en pagos de Hacienda a Defensa impedirán crear más de 7.300 trabajos entre 2025 y 2029

Así lo afirma un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) que se presentará hoy y que explica que el Departamento que encabeza María Jesús Montero actúa así para tener «flexibilidad» en el manejo de la caja, aunque el coste para el país es elevado.

La investigación denuncia que este modus operandi impedirá que en 2025 se creen al menos 1.083 puestos de trabajo en la industria de defensa española, que generarían más de 40 millones en renta disponible para los ciudadanos y más de 20 millones en recaudación de impuestos. De mantenerse esta situación, las cifras empeorarán hasta casi duplicarse en cinco años. Así, el informe cifra en al menos 7.340 los puestos de trabajo que podrían crearse en la industria de defensa española y no lo harán entre 2025 y 2029.

Y es que si en 2024 la Armada se vio obligada a realizar importaciones por esta situación por valor de 43 millones, en 2029 acabará haciéndolo por 102 millones. Traducido en renta disponible, el informe señala que los ciudadanos podrían contar con un crecimiento de ingresos de 276 millones entre 2025 y 2029; y las arcas públicas con más de 133 millones de recaudación impositiva. Sin embargo, toda esta riqueza se repartirá entre los países a los que importemos.

Los autores cuantifican el impacto de esta situación solo para la Armada pero denuncian que la sufren también los Ejércitos de Tierra y de Aire. «El problema de la eventualidad de los fondos financieros es trasversal a todas las Fuerzas Armadas», subrayan, dejando claro que la pérdida total de creación de empleos, riqueza e ingresos fiscales que se está produciendo cada año en España es muy superior.

«La irregularidad en la llegada de los recursos a lo largo del ejercicio impide la contratación anticipada de material y en muchos casos obliga a recurrir a compras en el extranjero. Esta situación no solo incrementa los costes y reduce la autonomía operativa sino que también limita el desarrollo de la industria nacional tanto a corto como a largo plazo», advierte el informe.

Al transferir los fondos presupuestarios sin planificación y por goteo, parte del efectivo llega a Defensa en los últimos meses del año, sin tiempo para tramitar concursos a los que puedan optar empresas españolas. Para no perder esos fondos, las Fuerzas Armadas se ven obligadas a depositarlos en la Agencia de Adquisiciones y Apoyo de la OTAN, que permite gastarlos con posterioridad y realizar compras con condiciones preestablecidas, sin los expedientes de contratación necesarios para comprar en España.

«Esta irregularidad provoca que determinadas adquisiciones se realicen en el extranjero aun habiendo capacidades domésticas», denuncia el informe. «¿Conviene una mayor flexibilidad presupuestaria a cambio de una menor producción interior, menores ingresos fiscales y, tal vez, menor desarrollo futuro de la industria de defensa nacional?», se pregunta la investigación. Los autores son cuatro investigadores de reconocido prestigio: los profesores de Economía Aplicada Antonio Fonfría (Universidad Complutense de Madrid), José Balibrea Iniesta y Pablo Rodríguez Liboreiro (ambos de la Politécnica de Madrid) y el analista en asuntos de defensa Carlos Calvo González-Regueral.

Para corregir lo que los autores califican de un coste «de gran calado», el informe hace recomendaciones. La primera garantizar una provisión de fondos regular y predecible, pero también impulsar una reforma que agilice los procedimientos de contratación y permita adaptarlos a las necesidades de las Fuerzas Armadas o impulsar el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para gestionar contratos. La investigación también propone fomentar la colaboración público-privada para el desarrollo tecnológico militar y la elaboración de una ley de Financiación de la Defensa para lograr estabilidad presupuestaria, desarrollar la industria nacional y el control financiero.

Más allá, la conclusión de fondo que deja la investigación es que, en materia de defensa, no es suficiente con poner un plan milmillonario de gasto sobre la mesa: también es necesario proveer al sistema de las herramientas apropiadas para que ese gasto llegue a dónde se pretende. Y en este campo el Gobierno aún no ha dado grandes pasos.