Garamendi critica la política de hechos consumados del Gobierno y le acusa de falta de seriedad

En su opinión, «no es serio» que el Ejecutivo llame por un lado al «diálogo» y que a la vez aplique una política de hechos consumados. Garamendi ha lamentado que se tiene que enterar «por la prensa» de las últimas propuestas del Gobierno, «como la última para incrementar la presión fiscal a las empresas».

Ha asegurado que la CEOE está «por su puesto» dispuesta a hablar de un pacto de rentas, pero cree que para ello es necesario abordar cuestiones más allá de los salarios como son «la subida salarial de los funcionarios, el incremento de la subida de impuestos a las empresas». Ha recordado, además, que la mera negociación sindical ya tiene «su cauce», como son la AMC o los convenios de empresa de sector.

Ha destacado además que, en su opinión, las subidas salariales deberían atender a las particularidades de cada sector y no de deberían aplicar de forma generalizada. Ha puesto de hecho como ejemplo el acuerdo que se ha alcanzado en el sector del metal alavés, donde se ha pactado una subida del 15% para los próximos años y una revisión al final del periodo de vigencia que permita hacer, si fuera necesario, ajustes conforme al IPC. Para el líder de los empresarios no tendría mucho sentido que esas mismas condiciones se apliquen a otros sectores conde el peso de los costes de la energía o la afectación de la demanda pueden ser totalmente «distintas».

Garamendi también se ha referido a los anuncios sobre subidas y bajadas de impuestos. Para el presidente de la CEOE todos los intentos de armonización fiscal, a los que estos días se han referido algunos miembros del Gobierno, son erróneas. «No es una armonización fiscal, porque en realidad lo que trata es de conseguir una uniformización».

Se ha preguntado qué ocurriría entonces cuando una empresa consulta en varios municipios sobre el «tratamiento» que va a tener si instala allí la fabrica. Homogeneizar los tributos supondría «anular» todas las diferencias. En su opinión esto provocaría «una regresión en la política que se ha desarrollado desde la instauración de la democrática» y que otorgaba a las comunidades autónomas cierta capacidad de decisión sobre la presión fiscal. «Lo que no puede ser es que cuando a alguien del Gobierno no le gusta determinada situación, inmediatamente trate de cambiarlo», ha añadido.