El Gobierno vasco permitirá a De Miguel seguir en una sociedad dependiente de la administración pública

Tanto De Miguel como Otxandiano fueron condenados en el marco del «caso De Miguel» , el mayor juicio por corrupción celebrado en el País Vasco, cuya sentencia se hizo pública a mediados del pasado diciembre. El tribunal impuso 13 años y tres meses de cárcel , así como 10 años de inhabilitación especial para cargo público, al que fuera exnúmero dos del PNV de Álava, mientras que su socio se enfrenta a otros seis años y nueve meses de reclusión. Se consideró probado que estos y otros implicados aprovecharon sus relaciones políticas para otorgar a dedo contratos o adjudicaciones públicas con el fin de obtener «un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal».

Pero la condena de la Audiencia Foral no supuso la marcha de De Miguel de la fundación Hazi . El exmandatario nacionalista mantiene su puesto en este organismo público, enfocado a impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector primario vasco. Tampoco afectó la sentencia a la situación laboral de Ochandiano en otra entidad dependiente del Gobierno vasco, el parque tecnológico de Miñano .

Y así será al menos hasta que se cierre el procedimiento, pues los procesados tienen ahora la oportunidad de recurrir ante el Tribunal Supremo. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka , ratificó este martes que el gabinete de Iñigo Urkullu «respetará los derechos laborales» de De Miguel y Ochandiano, y añadió que solo actuarán en consecuencia si la Audiencia Provincial de Álava decide «ejecutar» la sentencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka apuntó además que la sentencia del «caso De Miguel» no hace «pronunciamiento alguno» respecto al trabajo de ambos procesados en las entidades dependientes de la administración, de las que «no son altos cargos».