De Miguel y el resto de excargos del PNV condenados por corrupción no entrarán de inmediato en la cárcel

A la vista celebrada en la Audiencia Foral acudieron los cinco principales condenados por el conocido como «caso De Miguel», referente a la red empresarial mediante la que personalidades vinculadas al PNV de Álava y al Gobierno de Juan José Ibarretxe otorgaban a dedo adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales. Quienes recibieron el mayor castigo en la sentencia hecha pública el pasado martes fueron el exnúmero dos de esta formación, Alfredo de Miguel (13 años y tres meses de cárcel); y sus dos socios, Aitor Tellería (seis años y seis meses) y Koldo Ochandiano (siete años y seis meses). El Ministerio Público pedía el traslado a prisión inmediato para ellos, así como para el exconcejal de Lejona Iñaki San Juan y el exdirector de Juventud del Ejecutivo vasco Javier Sánchez Robles , cuyas penas oscilan entre los cinco y los siete años.

Tras más de una hora y media de reunión a puerta cerrada, el tribunal que preside Jaime Tapia decretó la mañana de este viernes la libertad provisional de los condenados, pues consideró que la «gravedad de los delitos y la elevada pena impuesta» no pueden ser el «único criterio» para valorar la posibilidad de que se fuguen: «Disponen de arraigo suficiente en territorio nacional» , reza el auto, en el que se apunta además que ese «riesgo de huida» puede ser «minimizado con la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas».

El tribunal fundamenta su decisión en la doctrina dictada por la Audiencia de Baleares en febrero de 2017 en el marco del «caso Nóos». Entonces, Iñaki Urdangarin , que previamente había sido condenado a tres años y medio de cárcel, quedó también en libertad provisional hasta que el Alto Tribunal resolviera su recurso.

Las cabezas visibles del «caso De Miguel» seguirán en la calle, pero tendrán que cumplir las directrices cautelares que les impuso la Audiencia alavesa. Entre ellas, la de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante este tribunal o ante el juzgado de guardia de su residencia. Esta medida atañe también a Josu Montes y Jon Echaburu , condenados a entre dos y cuatro años de cárcel. De Miguel y sus principales socios deberán además entregar de forma «inmediata» sus pasaportes y comunicar cualquier cambio de domicilio o residencia aunque sea temporal.

Esta situación se postergará hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de los recursos que presenten los respectivos abogados de los condenados. El de De Miguel, Gonzalo Susaeta , confirmó esta mañana que apelarán al Alto Tribunal, y apuntó que «era lógico» que concedieran a su cliente la libertad .

A la espera de que la sentencia sea firme, el que fuera número dos del PNV alavés mantiene también, al menos por el momento, su cargo en la Fundación Hazi , que depende directamente del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco.