Condena de 13 años para el exnúmero 2 del PNV de Álava en el mayor juicio por corrupción del País Vasco

El «caso de Miguel», el mayor juicio contra la corrupción celebrado hasta la fecha en el País Vasco, se saldó finalmente con 11 absoluciones y 15 condenas. Tres de estas últimas fueron para antiguos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco que, encabezados por Alfredo de Miguel, reclamaban comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas del Gobierno de Juan José Ibarretxe . El que fuera también exdiputado foral de Administración Local fue condenado a 13 años y tres meses de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación, asociación ilícita, blanqueo y cohecho. La pena es sustancialmente menor a la que pedía la Fiscalía, que era de casi 30 años.

A sus socios, el exconcejal de Vitoria Aitor Tellería y el nacionalista Koldo Ochandiano, la sala impuso penas de siete años y seis meses y de seis años y nueve meses de prisión. Todos ellos fueron condenados además a varios años de inhabilitación. También hubo cárcel, en este caso de siete años y un mes, para Xabier Sánchez Robles , exdirector del Departamento de Juventud en el Ejecutivo de Ibarretxe.

En su extensa sentencia, el tribunal que preside el juez Jaime Tapia considera probado que De Miguel, Tellería y Ochandiano crearon en 2005 una «red societaria y personal» para «aprovechar sus relaciones políticas y/o administrativas» que mantenían «por su pertenencia al Partido Nacionalista Vasco». A través de empresas pantalla ligadas entre sí como Kataia Consulting o Errexal, los procesados obtenían «irregularmente» contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos «gobernados por el partido en el que militaban». Todo ello para conseguir «un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

La trama ilegal quedó al descubierto en 2009, un año antes de que se practicaran las primeras detenciones, debido a la denuncia ante la Fiscalía de la abogada Ainhoa Alberdi , que según se refleja en la sentencia «no accedió» a las pretensiones de De Miguel para que le hiciera entrega de una comisión cercana a los 100.000 euros a cambio del contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava. De las exigencias del ex del PNV, que finalmente no ha sido condenado por el delito de coacción, quedó constancia en las conversaciones que la víctima grabó durante las reuniones.

Se había descubierto una «mordida», pero esta era apenas la punta del iceberg de la actividad criminal de De Miguel y sus socios. De hecho, dada la complejidad del juicio la causa se ha dividió en once apartados. Entre otras operaciones, en la sentencia queda probado que, a partir de empresas pantallas controladas por el exdirigente nacionalista, la red se ingresó comisiones del cuatro por ciento por adjudicaciones de obra pública en pueblos gobernados por el PNV como Lapuebla de Labarca y Cigoitia por valor de 10.079 y 6.990 euros. También se recoge el fallido «pelotazo» urbanístico de Zamprana, cifrado en 65 millones de euros.