El entorno de los presos de ETA se suma a la presión para una excarcelación masiva

«Sin derecho a la defensa, no cabe condena», ha reclamado Joseba Azkarraga, portavoz del colectivo a favor de los presos de ETA Sare, en una rueda de prensa este lunes. Como ya hiciera la izquierda abertzale hace una semana, han cuestionado el régimen de incomunicación que se aplicaba durante las detenciones y han puesto como ejemplo el hecho de que Atristain fuera interrogado sin presencia de un abogado. «Todas las sentencias que se hayan dictado vulnerando esos derechos fundamentales» deben ser «nulas», ha añadido.

El entorno de los presos de ETA pone en cuestión, como ya hiciera Sortu, la aplicación completa del régimen de incomunicación. Sostienen que Estrasburgo ha «constatado» una violación de derechos en las sentencias que se dictaron apoyándose en confesiones obtenidas bajo esa modalidad y que su sentencia «entraña efectos que, por su naturaleza y gravedad, persisten y deben cesar».

Azkarraga ha lanzado una apelación directa al Gobierno . Ha recordado públicamente que «el Reino de España ha sido condenado» y que tiene «el deber» de reparar las violaciones de derechos y «los casos análogos que se hayan producido por esta violación». En la práctica supondría una excarcelación masiva de los etarras que aún continúan en prisión ya que el régimen de detención incomunicada es el habitual en casos de terrorismo. Desde el colectivo no han querido dar cifras pero reconocen que afectaría a «un número muy importante» de presos. Además, implicaría la anulación de casos que se están juzgando , como ocurrió hace unos días cuando la audiencia nacional absolvió a Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', después de invalidar varias pruebas al amparo de esta doctrina.

De ahí que Sare también haya puesto el foco en los jueces . Creen que al amparo de la sentencia no debería ser necesario que cada condenado pidiera amparo a Estrasburgo. Creen que son los tribunales internos los que deberían dar una solución jurídica. Por lo tanto, consideran que «el cauce» lógico para anular las sentencias pasa por interponer directamente un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo . Tal como lo ha planteado, sería poco más que un trámite para que los jueces anularan la sentencia. «Si no autorizan a interponer el correspondiente recurso estaríamos ante una nueva violación de Derechos Humanos», ha advertido.