Opacidad del Gobierno ante la piscifactoría ilegal de Chafarinas

No pertenece a ninguna comunidad ni tampoco es una ciudad autónoma, pero es territorio español. El archipiélago de Chafarinas está situado en el mar de Alborán (la parte más occidental del Mediterráneo) frente a la costa de Marruecos, de la que dista 1,9 millas náuticas (3,5 kilómetros), está compuesto por tres islas: del Congreso, de Isabel II y del Rey Francisco. A unos 750 metros de esta última, se sitúa la zona de explotación acuícola. Según informó 'El Confidencial', en mayo de 2021 la empresa a cargo del proyecto comenzó a balizar la zona y en septiembre, se instalaron las primeras jaulas de las dieciséis con las que contaba a finales de ese mismo año. Aunque, de acuerdo con este mismo medio, el número de jaulas podría elevarse hasta ocupar una superficie total de 62 hectáreas, más incluso que el propio archipiélago.

Marruecos no reconoce como españolas a las Chafarinas ni tampoco a las dos ciudades autónomas, peñones, islas e islotes esparcidos a lo largo de su costa. Mucho menos a sus aguas territoriales. De hecho, tiene por costumbre reclamar su soberanía de forma periódica. La última vez que lo hizo fue hace apenas una semana. El presidente del Senado marroquí, Enaam Mayara, aseguró que «un día» recuperarán las ciudades «ocupadas» de Ceuta y Melilla «a través del dialogo y negociaciones positivas con España» sin necesidad de «recurrir el uso a las armas». Las declaraciones provocaron la inmediata reacción de la ministra de Defensa, Margarita Robles: «Con contundencia, Ceuta y Melilla son españolas».

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No obstante, había respetado su soberanía hasta la fecha. O España ha hecho oídos sordos o no se entera de nada. Esta última hipótesis es poco probable, ya que ni Marruecos ni la empresa que ha llevado a cabo el proyecto se han escondido nunca. Basta con remontarse cuatro años atrás, en concreto, al 7 de marzo de 2019. Fecha en que sale publicada en el Boletín Oficial del Reino de Marruecos, en la página 495, la orden ministerial por la que se concede a la empresa Mediterranean Aquafarm S.A. -que, a su vez, subcontrata otras tres, una de ellas con sede en Tarragona (Morenot)- una zona de explotación acuícola en aguas de las Chafarinas que invade una plaza de soberanía española.

La piscifactoría saltó al debate público en octubre de 2021. Vox fue el primero en empujar a mover ficha al resto de formaciones políticas para defender la soberanía española de las aguas próximas a Chafarinas. Pero el Gobierno negó tener conocimiento al respecto: «El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no ha recibido ninguna solicitud ni comunicación de empresa alguna ni del Gobierno de Marruecos para la instalación de una piscifactoría en la zona a la que se hace referencia».

Islas Chafarinas

Isabel II

Del Rey

Del Congreso

3,5 km

Zona aproximada

de la piscifactoría

España

Marruecos

Mar

Mediterráneo

Ras El Ma

1 km

Fuente: Elaboración propia / ABC

Islas

Chafarinas

Isabel II

Del Congreso

Del Rey

3,5 km

Zona aproximada

de la piscifactoría

España

Marruecos

Mar

Mediterráneo

Ras El Ma

1 km

Fuente: Elaboración propia / ABC

 

Sin embargo, a principios de noviembre, sale a la luz un dato clave que deja en entredicho a los de Sánchez. La Armada había seguido de cerca los movimientos marroquíes y llevaba alertando «desde hace meses» al Gobierno de la maniobra de Rabat. Sus buques patrulleros enviaron al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) fotografías y ubicaciones de GPS de las bateas en las que se criarían las especies marinas, las cuales ya estaban instaladas. Esta información se elevó a la Dirección General de Política de la Defensa (Digenpol) y de la cúpula del departamento dirigido por Margarita Robles pasó al Ministerio de Exteriores.

El 24 de noviembre el Ejecutivo español por fin se decide a tomar cartas en el asunto y se queja ante Marruecos. Exteriores entrega una nota verbal a la embajada marroquí tras constatar la actuación del Reino alauí en lo que son aguas de soberanía española «sin los permisos necesarios para dicha actividad», informaron fuentes diplomáticas a Ep. Las mismas que aseguraron estar «tramitando las sanciones correspondientes» contra la empresa de Tarragona que instaló las jaulas -identificada como Morenot- por «posibles infracciones» en materia de seguridad de tráfico marítimo y protección medioambiental y de especies marinas. Esto último se debe a que, en paralelo, el Ministerio de Transportes abrió expediente a Morenot y le dio veinte días para extraerlas del fondo marino so pena de ser sancionada por acomodarlas sin autorización de Madrid. Las jaulas siguen ahí. El castigo económico debería haberse producido. Pero el departamento que dirige Raquel Sánchez opta por el silencio y no confirma a ABC que, efectivamente, esto haya ocurrido.

Además de inhibirse en el asunto, en diciembre de 2021, el Ejecutivo central se declara incompetente ante la cuestión. Así aparece reflejado en una respuesta parlamentaria al PP en la que sugiere que estas instalaciones de ende de la gestión de las comunidades autónomas, dado que son estas las autoridades competentes en materia de Acuicultura y, por tanto, las únicas que pueden autorizarlas.

Una contradicción cuanto menos curiosa, teniendo en cuenta que apenas un mes atrás reconoció que sí se había producido una vulneración de la integridad territorial de España en la queja oficial a Marruecos. La interpretación contrasta también con la propia condición de las Chafarinas sobre las que el Ejecutivo central ejerce un control directo a través del Ejército -son una reserva natural bajo control militar-.