La odisea de obtener la nacionalidad española: «Los expedientes retroceden pasos y nadie sabe el porqué»

La regla general para cualquier extranjero que quiera solicitar la nacionalidad es haber vivido en España durante un periodo ininterrumpido de tiempo de entre uno y diez años -dos para los procedentes de Latinoamérica y uno para los casados con españoles, o nietos e hijos de españoles de origen-. Mientras el Gobierno realiza concesiones exprés para algunos, otros se enfrentan a una verdadera carrera de obstáculos hasta conseguir la ciudadanía española.

Un peregrinaje que comienza en 2005 para Elísabeth, peruana de 46 años, cuando decidió separarse de su pareja y romper con una historia salpicada por la violencia de género. A él, le condenaron por malos tratos, pero a ella también por causarle lesiones mientras trataba de defenderse. Solicitó la anulación de antecedentes penales en 2009 y en 2014, la nacionalidad. Pero «me la denegaron porque el juzgado extravió mi anulación de antecedentes. Perdí tres trabajos por no tener la nacionalidad». En 2018, volvió a solicitarla con ayuda de un abogado y en 2021 no se la concedieron. Encima, «nadie me lo notificó», dice. Tardó casi ocho años en ser española de pleno derecho.

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Otro de los trámites a superar, desde 2016, para obtener la ciudadanía son dos exámenes escrito: uno de lengua (DELE nivel A2 o superior) y otro de cultura (el CCSE). Gerogiy, un ucraniano de 27 años, tuvo que presentarse al de español pese a llevar en el país desde cuarto de la ESO y de ser graduado en Farmacia. Un trámite que retrasó su solicitud por la llegada de la pandemia. Ahora, lleva año y medio en espera de la nacionalidad y está preocupado por que no llegue a tiempo. Su pasaporte está a punto de caducar y tiene el documento de identidad para poder renovarlo en Ucrania: «No puedo ir a por él; tengo miedo de que me recluten y no poder volver», explica este joven a ABC.

Acudir a la Justicia reduce drásticamente los plazos, pero aumenta sustancialmente los costes. A los 104,05 euros de la tasa por el servicio de tramitación, los 130 euros de la prueba de español y 85 euros del CCSE, la apostilla y traducción del certificado de antecedentes penales y la partida de nacimiento, se unen lo más de 600 euros que pueden costar los servicios de un abogado extranjerista. Una cifra que puede elevarse a 2.000 euros en caso de interponer un Recurso Contencioso Administrativo de Nacionalidad.

En aras de agilizar los trámites, en 2015 se estableció la posibilidad de petición telemática. Las largas listas de espera de los registros civiles para presentar papeles dieron paso a un proceso informático de apenas unos minutos. A partir de ahí, toca armarse de paciencia. Uno, dos, tres años… meses y meses que se hacen largos, sobre todo en casos como el de Mariale, una venezolana de 29 años con abuelos canarios emigrantes en los años cincuenta: «Llevo año y medio esperando respuesta. Actualmente, mi solicitud está en estado de 'calificación', pero hace meses que está estancada ahí. Es desesperante». Lo mismo le ocurre a Marga, una enfermera colombiana de 45 años y casada con un español: «Nadie entiende nada ni te dice nada. Es un misterio».

El embotellamiento en la gestión de solicitudes de nacionalidad española es colosal. En 2018, se acumularon cerca de 360.000 expedientes sin resolver tanto en las estanterías del Ministerio de Justicia como en las bases del sistema telemático. Lejos de agilizar los trámites, el resultado del citado Real Decreto de 2015 fue el opuesto: se colapsó aún más la gestión. Ese mismo año, Justicia puso en marcha un plan de choque para resolver y revisar expedientes, al igual que en 2021. Entre ellos, el de Cecilia, una cubana de 33 años que obtuvo la nacionalidad en julio de ese mismo año tras más de dos años de espera y una interposición de requerimiento contra el Ministerio: «Los expedientes retroceden pasos y nadie sabe el porqué».

Esta geógrafa cubana no pudo jurar bandera hasta medio año después y reconoce que es una de las partes «más estresantes» de todo el proceso porque es muy difícil conseguir cita -y si no juras dentro de un determinado plazo, puedes perder hasta la nacionalidad-. «Hay incluso personas en Facebook y Telegram intentando estafar a la gente, vendiendo citas. Y la gente cae porque está desesperada».

Mientras tanto, la situación de miles de solicitantes sigue en el limbo administrativo. Ser español es una odisea de años, dinero y papeles, que en el caso de Mariale ni siquiera ha conseguido: «Me parece sumamente injusto que, a través de los consulados, ya existan resoluciones de solicitudes e incluso gente con la nacionalidad en cuestión de días».