Una pieza fundamental en el tablero de la amnistía

Y es que García Ortiz afronta su segundo mandato con un pasado polémico en el que se mezclan decisiones desacertadas, su complicidad con algunos miembros del Gobierno (léase el abrazo con la vicepresidenta Yolanda Díaz) y una fe ciega, casi devoción personal, hacia su exjefa, la exministra de Justicia Dolores Delgado. A ella le debe, entre otras cosas, su propia promoción a fiscal de Sala, pero también el puesto de fiscal general que asumió hace año y medio tras la renuncia de Delgado.

En un momento tan decisivo como este, en el que la ley de amnistía y sus derivadas eclipsan cualquier aspecto del mandato de Pedro Sánchez -no en vano Félix Bolaños controla a los tres poderes del Estado-, sería muy ingenuo pensar que el Ejecutivo revalidaría a García Ortiz si fuera una pieza incómoda en este tablero que puede acabar en un jaque mate al Estado de derecho, como vienen advirtiendo los juristas desde hace tiempo.

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Nati Villanueva

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En sus manos estuvo la aplicación de la ley del «sí es sí» y, como recuerdan fuentes fiscales, no se puede decir que no le faltara voluntad a la hora de interpretar la ley y unificar los criterios que debía seguir la carrera a la hora de revisar los casos, un criterio que, por cierto, el Tribunal Supremo echó por tierra por erróneo -algunos dirán que fruto del 'lawfare' que ya se atribuye a cualquier juez que no hace lo que el Gobierno quiere-.

Tampoco le faltó esa voluntad cuando ascendió a su exjefa a primera categoría para remediar una situación que consideraba «injusta»: la de que, tras dejar la Fiscalía General, Delgado tuviera que volver a ser una fiscal rasa. Los argumentos no fueron muy convicentes. De ahí que el Supremo tumbara este nombramiento por «desviación de poder»: «Lo voy a hacer porque soy fiscal general» o «No me mueve, desde luego, el afecto ni la pasión ni las deudas que tengo, y muchas, con la anterior fiscal general del Estado, en muchos sentidos. (...) Me mueve un deber institucional».

Por eso son comprensibles las reticencias y desconfianza de parte de la carrera fiscal que piensa que el deber de neutralidad en el que se refugió García Ortiz para negarse a hacer el informe solicitado por el Senado es sólo una excusa. ¿Cómo puede justificar un fiscal general ante el Gobierno que le ha nombrado que no ha sido capaz de parar la dura crítica que presume que iba a salir del Consejo Fiscal?

Bien es verdad que lo tenía fácil: a diferencia del CGPJ, en el que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé este tipo de informes -sobre «cualquier cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna»-, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal alude sólo a anteproyectos de ley.

Pero son muchos los fiscales que recuerdan que hay algo que se llama lealtad institucional (que García Ortiz también mencionó en su discurso) que hace oportuna y necesaria la opinión de la Fiscalía sobre una ley que incumbe a la carrera desde el momento en el que la va a tener que aplicar diciendo qué es amnistiable y qué no.

Porque, según dicen, no vale rasgarse las vestiduras escudándose en que no tramitó la petición del Senado porque estaba en funciones, y a la vez no utilizara este mismo argumento cuando, sólo dos días después de que la ley de amnistía iniciara el trámite parlamentario, se apresuró a reclamar a la Fiscalía de Cataluña todos los procedimientos relacionados con el 'procés' para agilizar la aplicación de la ley. Una ley de la que, por cierto, no sólo depende la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, sino la suya propia.

¿Qué poderosa razón impide hurtar a la ciudadanía la opinión de la Fiscalía en este debate que se abre ahora en la Cámara Alta?¿Acaso no se pronuncia el Consejo Fiscal sobre anteproyectos de ley antes de que vean la luz en el BOE?