El abrazo de García Ortiz y Díaz y el principio de imparcialidad

La fotografía recogida por toda la prensa española en la que se le ve en pleno compadreo con la vicepresidenta Yolanda Díaz a las puertas del Congreso de los Diputados ha soliviantado, por obscena, a buena parte de la carrera fiscal porque exterioriza algo que es un secreto a voces: la connivencia del fiscal general con el Ejecutivo.

Puede que ese abrazo sea simplemente fruto de una relación de amistad previa al desembarco de García Ortiz en Fortuny –no hay que olvidar que su exjefa y amiga Dolores Delgado fue ministra de este mismo Gobierno–, pero en un momento en el que hasta Europa recomienda despojar al Ministerio Público de cualquier viso de politización, gestos como éste no ayudan desde luego a preservar esa imagen de imparcialidad a la que el propio García Ortiz aludió hace apenas quince días en una carta a la carrera en la que invitaba a los fiscales a aquietarse frente al vapuleo que supone el reconocimiento de 'lawfare' en las causas del 'procés'.

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Tampoco ayudan a desterrar este mantra decisiones como la de pedir a la Fiscalía de Cataluña todos los procedimientos relacionados con el desafío secesionista que puedan verse beneficiados por la ley de amnistía. El problema no es tanto que la Secretaría Técnica del órgano haga acopio de los procedimientos en marcha o concluidos en aras del principio de unidad de actuación, algo que ya sucedió con la ley del 'solo sí es sí'. El problema es el momento en el que este movimiento se lleva a cabo: cuando García Ortiz todavía no había sido ratificado como fiscal general y apenas tres días después de que el PSOE registrara en solitario en el Congreso esta proposición de ley. Aunque el oficio dirigido al fiscal superior tiene sello del registro el 1 de diciembre, está fechado el 16 de noviembre. Mayor diligencia, imposible.

Y es que resulta cuanto menos llamativo («abusivo», según denunció este domingo ya la asociación APIF) que sin haber iniciado esta ley su periplo parlamentario –el primer debate en el pleno está previsto para mañana– el entonces fiscal general en funciones se esforzara en ir reclamando ya las causas relacionadas con la amnistía mientras en paralelo posponía su pronunciamiento sobre las consecuencias del acuerdo PSOE-Junts a la publicación de la ley en el BOE (Boletín Oficial del Estado).

En esa carta a la carrera, García Ortiz dijo que «cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado». Parecía ser consciente el fiscal general de que el texto no es definitivo y de que puede sufrir modificaciones hasta su aprobación, previsiblemente dentro de varios meses.

Sólo entonces, con esa ley ya en vigor, es cuando la Fiscalía tiene que salir a jugar y cuando empezará a contar el «breve» plazo de dos meses para aplicar la ley. Desde luego el celo y entrega demostrados por el fiscal general a la hora de planificar su trabajo a tan largo plazo es encomiable, sólo equiparable a su empeño en ascender a primera categoría a Delgado con una razón de peso como la de «soy fiscal general y voy a reparar una injusticia»: la de que su exjefa tuviera que volver a su plaza de fiscal rasa en la Audiencia Nacional sin ver recompensada su tarea con una alfombra roja al Supremo. Por eso la convirtió en fiscal de sala de lo Militar, en un movimiento que la Sala Tercera calificó recientemente como una «desviación de poder visible e innegable».

Eso que García Ortiz llamaba injusticia no es más que la consecuencia de ir a pescar fiscales generales al río equivocado, que es lo que viene sucediendo desde el nombramiento de María José Segarra, pues hasta ese momento el elegido para la cúpula del Ministerio Fiscal venía con esa primera categoría ya de serie. García Ortiz también la tiene, pero porque fue ascendido por la propia Delgado como jefe de la Secretaría Técnica.

Todo queda en casa, como los nombramientos que ambos han hecho premiando a su asociación, la Unión Progresista de Fiscales, en detrimento de la mayoritaria Asociación de Fiscales y de la inmensa mayoría de fiscales no asociados. Como recordaba el Consejo General del Poder Judicial en el acuerdo en el que por primera vez se ha declarado no idóneo a un fiscal general, de los 33 nombramientos discrecionales que se han llevado a cabo en poco más de un año, 22 eran de la UPF, con apenas 200 asociados de los 2.700 fiscales que integran la carrera. De esos 22, 14 promocionaron a una categoría superior.

Los próximos nombramientos en plazas clave como son las anuladas por el Supremo (la del fiscal de sala coordinador de Menores y la de lo Militar para que fue elegida Delgado) y otras que siguen pendientes serán determinantes para constatar esa imparcialidad de la que hace gala García Ortiz.