Mozo maniobra para no convocar el Pleno sobre el Constitucional que pidieron los vocales conservadores

Los vocales habían pedido esa reunión en virtud del artículo 35 del Reglamento del Consejo, que, ante la petición de cinco vocales, obliga al presidente a convocar el Pleno «dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud» -durante los últimos años de mandato de Lesmes todos los plenos de estas características no sólo se convocaron sino que se celebraron en este plazo de tres días-. Aunque en conversación informal con vocales conservadores, el presidente les había comunicado su intención de convocar la reunión este viernes o ya el lunes próximo, a media tarde de ayer les comunicó oficialmente que su petición «así formulada no puede ser atendida» porque falta aportar documentación relativa al orden del día que incluían en su petición: en concreto, los nombres de los dos candidatos que quieren someter a votación y sus respectivos currículos.

Fuentes del sector conservador ven en el movimiento de Mozo una argucia para retrasar una reunión que podría perjudicar al grupo progresista, al que él pertenece, y con la que pretenderían ganar tiempo hasta que la nueva ley entre en vigor.

Y es que ese pleno extraordinario se iba a celebrar días antes del pleno ordinario previsto para el jueves 22, día en el que hay posibilidad de que se apruebe en el Congreso la reforma exprés del Gobierno. En lo que afecta al CGPJ, esa reforma reduce a mayoría simple la elección de magistrados al TC y prevé responsabilidades penales para los vocales que retrasen la renovación; y respecto al TC, permite tomas de posesión por sextos (en lugar de por tercios como prevé la Constitución) y suprime la facultad de Pleno de verificar el cumplimiento de los requisitos legales por los nuevos magistrados.

Para el sector conservador del Consejo la celebración de un pleno extraordinario anterior al jueves próximo es clave porque quieren neutralizar el asalto al TC al que está encaminado el paquete de reformas que afectan al Poder Judicial y en el que una vez más se ha prescindido de los informes jurídicos de los órganos consultivos. Ese pleno se celebraría bajo la ley todavía hoy vigente, lo que implica que los dos nombres (tradicionalmente uno del sector conservador y otro del progresista) tendrían que salir adelante con mayoría de tres quintos, es decir, con 11 votos de los 18 posibles en la actual composición del Consejo. Hasta ayer el sector conservador confiaba en poder conseguir once votos que posibilitaran la elección de dos magistrados: el suyo -muy probablemente el presidente de la Sala Tercera, César Tolosa-, y Pablo Lucas, si bien este último ya no es el candidato por el que apuestan sus colegas progresistas, que quieren a José Manuel Bandrés y a quien ahora más que nunca ya no piensan renunciar. De Bandrés no gusta su cercanía a Cándido Conde-Pumpido, quien a su vez tendrá un papel fundamental en los próximos años como muñidor del andamiaje jurídico del Tribunal Constitucional.

La cuestión es que en estos momentos los progresistas no tienen nada que perder: que salga Bandrés es una cuestión de tiempo, de días si cabe, pues en cuanto la nueva ley entre en vigor y baste una mayoría simple para que los candidatos salgan adelante, bastará con que Bandrés sea el más votado en el bloque progresista. Solo si los conservadores consiguieran atraer antes el voto del vocal propuesto por el PP Vicente Guilarte y -quizá- con la abstención de Enrique Lucas, que lógicamente no podría participar en la votación que incumbe a su hermano, sería posible que en el Pleno extraordinario al que Mozo se resiste salieran esos dos nombres. En ese contexto fuentes del CGPJ enmarcan las reticencias del presidente a convocar con urgencia esa reunión.

En paralelo, y conforme a lo acordado la semana pasada, el TC espera al Pleno ordinario del día 22 con la expectativa puesta en que esos nombramientos se lleven a cabo y con la intención de la mayoría de no permitir la toma de posesión de los dos magistrados propuestos por el Gobierno hasta que no hagan lo propio los dos del Consejo. Sin embargo, si entra en vigor la ley antes de que el CGPJ elija a sus candidatos, la reforma permitiría esa renovación por sextos y que Juan Carlos Campo y Laura Díez tomaran posesión sin dar el visto bueno el Pleno del TC.