La ministra Irene Montero se atrinchera pese al aluvión de críticas a la ley del 'sí es sí'

Las fuertes críticas por no haber previsto el goteo de sentencias que rebajan las penas a abusadores sexuales al amparo de la nueva horquilla de castigos llegan a Igualdad desde todo el tablero parlamentario. La oposición y los socios del Gobierno exigen su reforma urgente. Quien no criticó a Igualdad, se calló. Y el silencio nunca ha sido sinónimo de apoyo. Es el caso del ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que lleva toda la semana sin evaluar el asunto.

En Unidas Podemos hay actores que no están cómodos con la ofensiva contra los jueces del partido morado. El vicepresidente balear y juez de profesión, Juan Pedro Yllanes, que pertenece a Podemos, consideró ayer «temerario» cargar contra los magistrados y afirmar que estos son «machistas».

«Creo que ha sido un exceso verbal, el calificativo no es el más adecuado», expresó Yllanes en Onda Cero. Insistió en que «no es cuestión de jueces machistas, sino de jueces profesionales aplicando la ley», porque, señaló, muchos de ellos son de sectores progresistas. Yllanes explicó también que los magistrados «tienen la obligación estricta de aplicar la ley penal más favorable» y que, por tanto, tras la entrada en vigor de la nueva norma, lo que están haciendo es su trabajo. No obstante, pidió esperar «para ver qué dice el Tribunal Supremo». También ha guardado silencio la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Sin embargo, fuentes de su entorno se desmarcaron anteayer de los ataques de Podemos a la Justicia. Desde la Vicepresidencia Segunda piden «prudencia» y «analizar el recorrido judicial» de la ley que ya permitió la excarcelación de abusadores sexuales.

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En Podemos seguían ayer con las orejas tapadas para no escuchar el «os lo advertimos» de los expertos y organismos judiciales (hay un informe del CGPJ de febrero de 2021) y con el dedo acusador apuntando todavía hacia los magistrados y los medios de comunicación. «Cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar. Primero, por decencia. Segundo, por estrategia. Porque cerrar filas cuando los rifles descargan pólvora contra una compañera es la única forma de evitar que nos maten uno a uno», tuiteó Echenique.

La ministra de Igualdad siguió defendiéndose: «Ofrece atención integral frente a todas las violencias sexuales». «Pese a las feroces resistencias, seguiremos impulsando un Estado feminista», tuiteó Montero después del acto del VIII Congreso del Observatorio contra la violencia de género y doméstica, organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un espacio en el que evitó cargar contra los jueces. Pero insistió en que necesitan recibir formación en perspectiva de género. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, valoró que el Gobierno debería «rectificar» y «cambiar» la ley dado que «se abre una puerta que no se quería abrir», informa Paloma Cervilla. En los pasillos de la cámara regional, García señaló que «cuando tú haces una ley con una intención, de la misma manera que cuando pones un tratamiento y los efectos secundarios no son lo que esperabas y no está acorde con el espíritu de la ley, creo que habría que cambiar la ley igual que se cambia un tratamiento o dosis. Se abrió una puerta que no se quería abrir».

Una de las críticas más comentadas en los mentideros de la izquierda fue la de Clara Serra, exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y también ex de Más Madrid. «Esto [en referencia a las rebajas de penas que se están produciendo] es el resultado de la improvisación, las prisas y la falta de escucha de los informes expertos que, aunque vinieran de la judicatura progresista, se han calificado como machistas por parte del Ministerio», expresó Clara Serra, que además se da la circunstancia de que es la hermana de Isabel Serra, asesora de Montero en el Ministerio de Igualdad. «La gravedad es aún mayor cuando el Ministerio, en lugar de recular, recapacitar y decidir mejorar el texto legal, emprende una huida hacia adelante que pasa por acusar a los jueces de no saber aplicar la ley». Clara Serra critica que Montero se lo haya tomado como un «conmigo o contra mi» y pide a Igualdad arreglar la ley: «Si hay errores es una buena ocasión para parar, recapacitar, enmendar y mejorar. Y escuchar a la judicatura progresista y al feminismo que ha sido crítico con esta reforma legal».

También los socios de Sánchez empujan para corregir la norma. ERC tienda la mano para modificarla. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, planteó en RNE que se «retoque» y pidió «moderación» a la ministra. Y Oskar Matute, diputado de Bildu, también dijo que «si hay juristas que señalan que puede haber fisuras o puntos de fuga (...) pues que se mejore». Al margen de los partidos, tres asociaciones judiciales piden su dimisión. La Asociación Profesional de la Magistratura, que tildó de «intolerables» las palabras de Montero, el Foro Judicial Independiente, que habló de «reacción injusta y pueril» de Podemos, y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), cuyo portavoz, Jorge Fernández Vaquero, habla de «grave irresponsabilidad institucional que mina la confianza en el Estado de Derecho», informa Nati Villanueva. Se sumó también la Asociación de Fiscales.