Montero arremete contra la diputada de Vox: «Las de su clase mandan a las niñas a abortar a Londres»

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Montero ha repartido hoy fuego a discreción: a la diputada de Vox, Lourdes Méndez, que le ha afeado no contar con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de presentar su ley abortiva, la ministra la ha acusado de «hipócrita», de «jugar con la vida», de considerar «peor mujer a las mujeres que deciden no ser madres que a aquellas que deciden tener a sus hijos», y, finalmente, le ha dicho de forma despectiva que «las de su 'clase' mandan a las niñas a abortar a Londres». La ministra ha cargado las tintas: «No les importan la vida de estas mujeres, que aborten en clínicas clandestinas y se sometan a operaciones a vida o muerte».

Méndez ha acusado a Montero de estar haciendo políticas para beneficiar "a los centros abortorios" y a los "empresarios que se lucran con el sufrimiento de las mujeres y las muertes de niños". Lo cierto es que no ha habido hoy mucha sororidad en la Comisión parlamentaria de Igualdad.

A Vox: «Son unos hipócritas. No les importa que las niñas aborten en clínicas clandestinas, que son operaciones a vida o muerte»

Irene Montero

Ministra de Igualdad

La ministra no se ha dejado en el tintero ni al CGPJ, a cuyos integrantes vuelve a acusar de perezosos por no trabajar y sacar su informe a tiempo. «Tenían quince días y decidieron no trabajar. No han cumplido la ley», así que los reproches, según Montero, hay que trasladarlos a los jueces, no al ministerio que impulsa la legislación.

En esta refriega, Méndez ha puesto voz a una sentencia que ha dado a conocer esta misma mañana el Tribunal Supremo, confirmando el auto condenatorio de la Audiencia Provincial de Oviedo. Según esa sentencia, se condena a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) al entender «ilícita por engañosa la publicidad» en su página web, cuando decía que el aborto «no deja secuelas». «Ustedes dicen lo mismo desde su ministerio», ha rematado la parlamentaria del partido de Santiago Abascal.

La «restitución del derecho» a abortar de las menores de 16 y 17 años, con la que sí ha estado de acuerdo la parlamentaria socialista Laura Berja, tampoco es del agrado del PP, que con Mariano Rajoy en el Gobierno retiró ese capítulo de la ley aprobada en 2010.

La ministra de Igualdad ha ejemplificado que una mujer a sus 16 años no puede tener una criatura que no quiere, pero ha saltado de capítulo para censurar la reforma fiscal de comunidades como Andalucía, señalando que esas comunidades gobernadas por el PP son las mismas que «piden más dinero recaudado de los impuestos en las reuniones de la comisión del Pacto de Estado, por ejemplo, para combatir la violencia de género en sus autonomías». En varias ocasiones, la responsable de Igualdad ha interpelado a que «a su ministerio no llegan sobrecitos» sobre la mesa para repartir fondos, como a M. Rajoy, como figuraba en las agendas del extesorero Luis Bárcenas. «¿De dónde creen que salen esos dineritos? De los impuestos».

Montero ha disparado contra la reforma impositiva del andaluz Juanma Moreno Bonilla, pero tampoco se ha dejado a un lado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La última campaña regional contra la sumisión química para que las chicas estén pendientes de sus copas cuando van de fiesta para evitar que nadie les eche una sustancia estupefaciente en sus bebidas ha recibido un sonoro rapapolvo de la ministra, que se ha enardecido culpando a Ayuso de «alimentar la cultura de la violación, responsabilizar a las mujeres de lo que les pueda pasar«. »No hay que decirles a ellas que estén pendientes, sino a los agresores que no agredan«, ha resumido. »La presidenta Ayuso no conoce, ignora el punto 23 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y esa campaña atenta directamente contra ese artículo que está suscrito de forma unánime por todas las comunidades autónomas«.

Por ello, en contraposición con la campaña de Madrid ha querido resaltar el eco de la última iniciativa de Igualdad y su «hombre 'blandengue'». Y ha salido como un miura a defender a Pedro Sánchez: Ayuso lo llamó blandengue. «No ridiculicen esa campaña y pregúntense quién limpia los baños. Este ministerio apela directamente a los hombres, para que rompan el pacto entre caballeros y abandonen a quienes practiquen esas masculinidades patriarcales, hegemónicas y tóxicas», ha esbozado la ministra. Según las cifras que ha aportado esta tarde la ministra, los cuidados informales que realizan las mujeres en sus hogares supondrían un 15% del Producto Interior Bruto (PIB) si tuvieran que ser remunerados; por lo que de nuevo ha pedido a los hombres implicarse en la revolución del cuidado que precisa el país, donde todavía recae mayoritariamente en las mujeres, según todos los estudios facilitados.

En otro orden de cosas, el tema de la prostitución ha vertebrado buena arte de la comisión de Igualdad, que ha comenzado con más de media hora de retraso por la prolongación de la sesión plenaria y ha terminado al filo de las nueve de la noche de este miércoles. La ministra de Igualdad se declara abiertamente abolicionista, ha repetido, y «existe un compromiso del presidente del Gobierno explícito para abolir la prostitución», pero también ha consentido que el plan Camino presentado ayer mismo por su departamento es una alternativa a la espera de resoluciones efectivas en el Parlamento.

Un plan que por el momento, como han reprobrado los parlamentarios de PNV (Joseba Agirretxea) y ERC (Pilar Vallugera), se queda en agua de borrajas si no plantea reformas serias de la ley de extranjería. Y si adolece de una ley de trata integral votada y refrendada en las Cortes. En este aspecto hay un claro desencuentro entre Unidas Podemos y el PSOE en el Ejecutivo.

Irene Montero ha asumido que la planificación de abolir la prostitución es hoy por hoy una utopía, un «abolicionismo mágico», pero se ha alegrado de que «España, que lleva sin resolver este problema desde siempre», dé tímidos pasos hacia una nueva dirección. «No habrá abolición de la prostitución -ha dicho- sin que se pongan en el centro las políticas económicas y de reinserción de esas mujeres que precisan, con una salida laboral, una solución habitacional...«. Por ello, ha resumido su plan Camino como »una caja de herramientas« que se le dan a las mujeres tratadas, unas 90.000 en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De nuevo, la ministra ha recibido el vapuleo de algunos portavoces por no considerar el contexto «de la prostitución voluntaria» y omitir soluciones para todas las personas que la ejercen.

«Suenan campanas de que los Presupuestos Generales del Estado no incluirán una medida que llevamos pidiendo tres años: la pobreza menstrual requiere la bajada del IVA a productos como las compresas, tampones y de higiene íntima femenina», ha deslizado la diputada Vallugera. La ministra no ha querido entrar a si su exigencia al PSOE expeditiva para adelantar la ley del aborto verá la luz en las siguientes cuentas estatales, que ya se negocian en el seno del Gobierno de coalición.

Sobre dinero, esta mañana en una entrevista a TVE, la ministra ha demandado hoy al PSOE «pisar el acelerador» y pactar cuanto antes los próximos Presupuestos Generales. En unas declaraciones que recoge la agencia Europa Press, la dirigente de la formación morada ha señalado que la relación con los socialistas es buena y que las cuentas públicas son un buen momento para demostrar que el Gobierno de coalición es «garantía de certezas y estabilidad», máxime ante la crisis provocada por la guerra de Ucrania.

Según ha destacado Montero, los Presupuestos son importante para la «emergencia» que atraviesa el país y deben atender no solo esas «urgencias» que genera el contexto de crisis, sino también el abordaje de «problemas estructurales» y potenciar, por ejemplo, las políticas de conciliación.