El último intento para sacar adelante la Ciudad de la Justicia: invitar a las empresas al proyecto

Una vez que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la contratación, por el procedimiento negociado sin publicidad, de la Ciudad de la Justicia –una posibilidad que se abre cuando el concurso previo ha quedado desierto, como ocurrió en este caso el pasado noviembre–, se va a invitar a aquellas empresas que cumplen los requisitos de solvencia y mostraron interés. Tres, como mínimo, según exige la ley.

Que se quedara desierto el concurso para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid fue un auténtico mazazo para las autoridades regionales. No obstante, desde el primer momento su reacción fue buscar otra vía para sacarlo adelante. Y así fue como llegaron a este nuevo «procedimiento negociado sin publicidad y con pluralidad de criterios».

A pesar de la envergadura del proyecto, o tal vez justo por eso, aunque muchas firmas tantearon la posibilidad de presentarse al concurso en su día, finalmente ninguna lo hizo. Según fuentes del sector, por una combinación de elementos, entre ellos la escasa rentabilidad que podrían obtener del proyecto, y las incertidumbres del momento económico: el precio de la energía disparado, las materias primas escasas y también al alza, la inflación descontrolada, etcétera.

Los números son estos: la construcción de la Ciudad de la Justicia supone una inversión de 500 millones de euros. Es lo que tendría que poner el ganador del concurso, que a cambio ingresaría un canon de 50 millones de euros al año pagado por el Gobierno regional, unos 2.100 millones de euros en el plazo de concesión, de 40 años.

Los responsables de la Consejería de Presidencia y Justicia, con el consejero Enrique López a la cabeza, están preparando ya las invitaciones para las principales empresas del sector que estuvieron interesadas en su día y podrían seguir estándolo. Una vez que reciban la invitación, tendrán un mes para remitir sus propuestas; daría tiempo a tener una solución que desatascara el proyecto antes de las elecciones del 28 de mayo.

Aseguran en la Consejería que no se modifica ningún elemento sustancial del proyecto: ni el presupuesto base de licitación, ni el sistema de retribución, ni los criterios de adjudicación, ni la fórmula de revisión de precios.

No obstante, sí que habrá algunos cambios: se incorporarán todas las dudas que plantearon las empresas en el anterior proceso, y desaparece la obligatoriedad de ir de la mano de una compañía de seguridad. Este aspecto, en el que las firmas pusieron mucho interés, ahora se matiza y mejora jurídicamente, para que no colisione con la Ley de Seguridad Privada, explican fuentes de la Consejería.

Este es el tercer intento de llevar adelante la reunificación de sedes judiciales en Madrid. El primero fue el Campus de la Justicia que puso en marcha Esperanza Aguirre en el año 2005, con grandes nombres de la arquitectura firmando los proyectos de cada edificio. A este le siguió una versión algo menos grandiosa, pero también con inversiones colosales, que intentó desarrollar el presidente Ignacio González.

Bajo la presidencia de Cristina Cifuentes, y tras conocerse informes demoledores de la Cámara de Cuentas sobre estos proyectos, el Gobierno regional trasladó a la Fiscalía General del Estado una denuncia por posibles «irregularidades» en la gestión del proyecto. Previamente ya había anunciado que no seguiría adelante con el proyecto. Un asunto que recurrieron las empresas perjudicadas y que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dándole la razón al Gobierno regional.