La revolución de las placas solares triunfa en los chalés, pero se atasca en las comunidades

A pie de calle, los 14 paneles solares pasan desapercibidos; hay que subir hasta el segundo piso del chalé y acceder a un balconcito cuadrado. Los paneles están repartidos por las cubiertas inclinadas del tejado, brillantes bajo el cielo despejado. Costaron 7.500 euros, aunque 3.000 euros están subvencionados por la Comunidad de Madrid. Santos es uno de los 23.000 solicitantes a los que el Gobierno regional ha concedido ayudas para instalar placas fotovoltaicas y sistemas térmicos renovables en sus casas.

El programa de incentivos arrancó en noviembre de 2021 y, en solo tres meses, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), encargada de repartir los 91 millones de euros procedentes de los fondos europeos, recibió más de 17.000 solicitudes. «El dinero debía cubrir hasta finales de 2023, así que este verano pedimos una ampliación y nos concedieron otros 91 millones», señala el director general de Descarbonización y Transición Energética, Fernando Arlandis. Por ahora, el Gobierno ha asignado 125 millones de euros, lo que supone, en términos de gasto total en instalaciones solares, una inversión de 400 millones de euros.

Para entender la magnitud de estas cifras hay que retroceder poco más de un año. Arlandis ascendió a su cargo en julio de 2021 y el mes de septiembre vio los primeros datos. «Había alrededor de 75 megavatios de autoconsumo, entre la industria y particulares. Bien, pues cuando volví a pedir los datos, a principios de este año, había 175 megavatios», recuerda. Como un millón de euros sufraga un 1 megavatio de potencia instalada, los 400 millones de inversión de los que habla Arlandis se traducen en que la región contará con 400 megavatios. «Es un crecimiento inaudito, antes de esta subvención y de que las placas bajaran de precio, se crecía 10 megavatios cada año», sostiene Arlandis.

 ¿Por qué este auge? Una factura de la luz disparada y una guerra en Ucrania que provoca subidas galopantes de precios sirven de acicate, pero la razón es mucho más sencilla. «Porque soy un tío listo», ríe Carlos Santos, orgulloso de sus placas solares, «hice un cálculo por arriba de lo que sería la inversión inicial y el ahorro que me podría suponer; es un tema de rentabilidad». La aplicación en su móvil enseña en tiempo real –el miércoles al mediodía– la energía que están generando los paneles del tejado (3,7 kilovatios), la energía que está consumiendo la vivienda (4,8 kilovatios) y la energía que está extrayendo de la red eléctrica (1,1 kilovatios).

La ventaja de estos sistemas fotovoltaicos es que permiten programar las tareas que requieren electricidad; en otras palabras, adaptar el modelo de consumo. En la casa de Santos, de 500 metros cuadrados, viven cinco personas y cargan un coche eléctrico. «Si mañana va a haber mucho sol, ponemos la lavadora, el lavavajillas y la secadora; a veces generas tanto que nos sobra y la devuelves a la red, así que intentamos usarlos en esos días», asegura. A priori, su familia puede beneficiarse de un ahorro anual medio en la factura de la luz de 1.500 euros. «Una rentabilidad del 21%», lee Santos entre la ristra de correos electrónicos y documentos del montaje.

Su instalación no dispone de baterías, todavía muy caras, y la energía sobrante no se puede almacenar y se vierte en la red eléctrica. A través de un contrato de autoconsumo con Naturgy, Santos obtiene una retribución por este excedente. Aunque «la compensación es ridícula», dice. La tarifa de Holaluz, por ejemplo, una de las más altas del mercado, es de 0,100 euros el kilovatio hora. Y la tramitación de esta compraventa es uno de los obstáculos que alargan los procesos con las compañías eléctricas y las comercializadoras para utilizar las placas solares. Un atasco que afecta, sobre todo, a las comunidades de vecinos, el autoconsumo colectivo.

Guillermo Lozano, un consultor de 48 años, espera desde hace más de siete meses: «Tenemos una instalación muerta, no la estamos utilizando». Los 65 paneles en el techo común de un conjunto de viviendas de Majadahonda están apagados. El proveedor de los equipos, Ecooo, realizó un estudio personalizado de las necesidades energéticas de cada hogar y, con esos niveles de consumo, estableció unos porcentajes para determinar el pedazo del pastel por vecino, incluida la cuota de retribución. Pero las gestiones que debe encabezar Iberdrola están congeladas.

Después de meses de trabajo para buscar el consenso de los residentes (diez de 16 se subieron al carro), Lozano, el jefe del proyecto, está enfrascado en llamadas, con Iberdrola y con Ecooo, para estrenar su instalación de 25.000 euros. «Decimos que tenemos autoconsumo, informas a Iberdrola, que verifica que es así y tiene que comunicar a las comercializadoras el porcentaje de retribución que corresponde a cada uno. Iberdrola no ha comunicado nada», critica Lozano. Este diario ha contactado con la empresa, sin obtener respuesta.

Mientras esta comunidad de Majadahonda no genere su energía verde, Ecooo no recibirá el último plazo del pago y los diez vecinos no ahorrarán. Lozano, padre de cinco hijos, ha llegado a desembolsar 400 euros en la factura de la luz. Este invierno usó una bombona de butano en lugar de su calefacción eléctrica y, aunque consumieron la mitad, pagaron lo mismo por la escalada de precios. Ahora espera a que el proyecto que ha impulsado en su comunidad se materialice. «Yo soy un completo creyente de esto, pero se ve que el proceso no está pulido, que está inmaduro», opina.

Que los complicados trámites con las eléctricas se enreden todavía más en las comunidades, con la dificultad añadida de conseguir primero el visto bueno de todos los residentes, mantiene el autoconsumo colectivo rezagado. El 'boom' de las placas solares en la Comunidad de Madrid está dominado por las viviendas particulares. En el primer trimestre de 2022, la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética registró 5.400 instalaciones de este tipo en la región, de las que solo 25 pertenecían al autoconsumo colectivo. En todo 2021 sumaban 59 de las 10.000 instaladas, apenas el 0,5% del total.

«Es un proceso muy complejo», destaca la subdirectora de Energía, Carmen Montañés, que al mes analiza unas 50 reclamaciones por impedimentos burocráticos. Los técnicos madrileños comprueban la instalación y comunican su legalización a la distribuidora a las 24 horas; ahí comienza un tedioso camino entre la eléctrica y las comercializadoras, de gestiones a puerta cerrada e intercambio de ficheros, que suele demorarse entre uno y dos meses. Como mínimo. Y a más vecinos, más placas, y más burocracia.