El reflote de la empresa de vivienda quebrada de Alcorcón dispara la tensión entre la izquierda y el PP

Hace un año, cuando Natalia de Andrés era todavía alcaldesa, pese a estar condenada a cinco años de inhabilitación en 2022 al ser considerada responsable subsidiaria de llevar a la insolvencia a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa), el PSOE ya anunció su decisión de iniciar los trámites para recuperar el control de esa entidad pública. La empresa había entrado en concurso de acreedores voluntario once años antes.

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«Tengo el inmenso honor de anunciar una noticia sumamente importante para la ciudad y para este equipo de gobierno. Hoy hemos iniciado el expediente de recuperación de Emgiasa, nuestra empresa municipal de la vivienda para su reincorporación al patrimonio municipal, que es de donde nunca tuvo que haber salido», afirmó Candelaria Testa en marzo del año pasado, cuando era portavoz del gobierno municipal.

«La situación actual es favorable para llevar a cabo una adquisición global del activo y pasivo, para recuperar nuestra empresa municipal y hacer efectivo su objetivo: crear vivienda pública de calidad para la ciudadanía», explicó la portavoz socialista.

Pero en el Partido Popular no lo ven nada claro. Al contrario, advierten de riesgos importantes en esa operación de reflote de una empresa municipal que quedó hundida.

Según denuncia la oposición municipal, ante la insistencia de la alcaldesa de hacerse cargo de las deudas y patrimonio Emgiasa, el juez ha impuesto varias condiciones para llevar a cabo esa recuperación. Los populares recuerdan que Alcorcón tiene un plan de ajuste que llega hasta el año 2035, por las deudas «que dejaron los socialistas en 2011 y que lastran las cuentas del ayuntamiento al menos una década más».

Una de las condiciones que exige el juez consiste, precisamente, en acreditar la solvencia económica del Ayuntamiento de Alcorcón, para poder asumir las deudas procedentes de los acreedores y las bancarias que tenía Emgiasa, ahora en vías de liquidación. En un informe de la intervención municipal se advierte de la necesidad de contar con una autorización expresa del Ministerio de Hacienda. En concreto, de la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, para poder afrontar esta operación con las garantías necesarias.

El PP reclama a la alcaldesa que antes de poner en marcha esta operación y de someterlo a debate y votación este mismo lunes, se obtenga la autorización ministerial, que acredite que la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Alcorcón no está en riesgo.

Así, el portavoz de los populares en este municipio, Roberto Marín Vergara, se ha dirigido por escrito a la regidora para que aparque el expediente al menos de forma temporal: «No podemos permitir que Candelaria Testa ponga en peligro las cuentas del municipio, como ya hicieron sus compañeros socialistas, Natalia de Andrés y Cascallana, a quienes las justicia ha inhabilitado por 5 años por quebrar la empresa que hoy se pretende rescatar», advierte.

«Se está rozando la ilegalidad para recuperar algo que puede suponer la condena del municipio para los próximos 30 años, por un motivo que no conocemos», denuncian fuentes del PP.