La Policía investiga coacciones a hosteleros de Getafe con «comisiones ilegales»

Las sirenas se encendieron en una actuación rutinaria de la Policía local de Getafe, para revisar e inspeccionar las actividades de hostelería del municipio y comprobar así que todo está en regla, incluidos los farragosos papeles correspondientes a licencias y actividades del local. En este caso, la inspección se estaba desarrollando en el barrio de Los Molinos, y se comprobaba que el velador de un bar se ajustaba a la autorización de la temporada del año pasado, y si se estaba produciendo algún tipo de incidencia o infracción en el momento de la revisión, algo que no ocurrió, por lo que no hizo falta levantar acta de inspección.

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Durante la revisión un bar de ese barrio, fechada en octubre de 2023, según el informe policial, la titular explicó a los agentes que también regentaba otros establecimientos de hostelería en la misma zona.

Cuando los agentes preguntaron a la titular por los planos de ocupación de vía pública, explicó que había tenido que corregirlos en varias ocasiones, con los abonos correspondientes a un despacho de abogados. En cumplimiento de la legalidad vigente y los requisitos técnicos preceptivos realizados por el Colegio de Arquitectos, y para obtener la autorización municipal correspondiente, en cada gestión emitió la factura correspondiente, por una cuantía de 363 euros.

Hasta ahí todo aparentemente correcto. Lo extraño empieza a aparecer justo después, cuando la misma titular del local explica que recientemente ha recibido en sus actividades inspecciones por parte de técnicos del ayuntamiento y policiales, a pesar de que ya había abonado y tramitado toda la documentación exigible. En estos trámites, según el informe policial, tuvo que pagar la cantidad aproximada de 400 euros por cada gestión «y en varias ocasiones» a un empleado público que responde a las iniciales de A. L. S.. Se le identifica como «ujier o conserje» que realiza su trabajo en la actualidad por la planta de Servicios Técnicos, Licencias y Urbanismo.

En algunas ocasiones, según se recoge en el atestado, se trasladaba a la titular de ese bar «y a más negocios de hostelería de la localidad», la garantía de aprobar sus solicitudes de licencias y proyectos «con su intervención o mediación», y que no obtendría la licencia correspondiente si no se le abonaba a él las cantidades que le solicitaba.

La denunciante expresa sus dudas sobre la legalidad «del abono sin justificación de esas cantidades», algo que se efectuó por su parte, según explicó, en las temporadas 2021, 2022 y 2023, hasta en tres ocasiones, «con visitas posteriores del propio técnico municipal de vía pública», en los términos, precisa el atestado, que se detallarán en la comparecencia de Policía Nacional.

La Policía local de Getafe preguntó a la titular del bar que estaba siendo inspeccionado si había denunciado esos hechos o deseaba hacerlo, «al tratarse de un posible delito por comisiones ilegales y contra la administración pública, cohecho y prevaricación administrativa». La propietaria del bar y restaurante explicó que sí tenía previsto presentar una denuncia por esos hechos. No solo eso. Aseguró que era conocedora de más establecimientos de la localidad a los que se ha ofrecido las mismas 'garantías' y se ha cobrado las mismas cuantías, todo por «sus supuestos servicios como empleado municipal». De no acceder a sus 'gestiones' y al pago de las cuantías, se amenazaba con «hacerles la vida imposible a base de inspecciones, enviar a la Policía local, etcétera».

Después de obtener esta información y de identificar algunas de las partes implicadas, la Policía local contactó con la Policía Nacional para realizar diligencias de prevención y se les emplazó a llevarlo al Grupo de Policía Judicial, a los efectos oportunos. Este 'caso terrazas', o 'caso veladores' se encuentra ya en un juzgado de Getafe, según fuentes de este municipio.

La pelota ahora se encuentra en el ayuntamiento de Getafe, ante unas denuncias que forzarán al equipo municipal a dar explicaciones y a buscar y exigir, en su caso, responsabilidades.

En el ayuntamiento de Getafe gobierna un tripartito, formado por el PSOE, Podemos y Más Madrid, que ha sido el último partido en entrar en el equipo de gobierno municipal, en diciembre, lo que disparó a 37 el número de cargos a dedo, entre asesores, coordinadores generales y gerentes de empresas públicas. El gobierno municipal, con Sara Hernández como alcaldesa desde el año 2015, se compone de 15 concejales, que incluyen nada menos que cuatro tenientes de alcalde, y que se reparten todas las competencias municipales.