Operación Pantano: los comerciantes extorsionados señalan al exalcalde del PSOE

ABC desveló en su edición del pasado miércoles que la etapa de García al frente del consistorio está siendo investigada en una pieza separada de la causa principal por un presunto delito urbanístico en parcelas del pantano de San Juan. Unos terrenos que terminaron en manos de familiares de ediles y de la exalcaldesa del PSOE, María Luz Lastras. Ahora, un informe de la Policía Local, que forma parte de la investigación de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso ABC, le señala como conocedor de la extorsión que realizaba el ingeniero municipal, Manuel Sanz Zapata, sobre los comerciantes, según la versión de estos. «Quienes más conocen los hechos que llevan sucediendo años en el municipio son el entonces alcalde, José Luis García, y el entonces teniente de alcalde, Valentín Gómez», subraya uno de ellos.

La investigación avanzará mañana lunes, 9 de enero, con la declaración del «supuesto» ingeniero municipal de San Martín de Valdeiglesias, como así se le define en el informe de la Guardia Civil. Sanz Zapata tendrá que aclarar ante el juez si los comerciantes de este municipio madrileño tienen razón cuando lo acusan de extorsionarles. Los afectados denunciaron ante la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias que el ingeniero supeditaba la concesión de una licencia municipal de apertura a que su empresa, ZM ingenieros SLP, fuera la que acometiera las reformas necesarias que él mismo indicaba. Un trabajo que cobraba en metálico y que estaba firmado por José Ramón Portabella, administrador solidario de la citada empresa, junto con el ingeniero.

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El 'modus operandi' del ingeniero lo expone la Policía Local en su informe, y fue descubierto tras realizar actas de inspección y entrevistas a los afectados. «El ingeniero municipal, al acudir (un comerciante) al ayuntamiento a solicitar información, les dijo que el proyecto lo tenía que hacer un amigo suyo para no tener problemas y que, en caso contrario, no les daría la licencia de funcionamiento», señala. El trabajo lo firmaba José Ramón Portabella, sin visitar siquiera las instalaciones, y lo encargaba Manuel Sanz Zapata, al que había que pagarle en metálico.

Los presuntos delitos cometidos por el ingeniero son los de negociaciones prohibidas, «por no haberse abstenido en el procedimiento o haber comunicado a su superior jerárquico», ya que todas las revisiones de proyectos y adecuación del establecimiento, previo a la concesión de licencia, eran inspeccionados por Manuel Sanz Zapata; y falsificación documental y extorsión, porque la policía constató que los proyectos «no se ajustaban a la realidad», a pesar de que el ingeniero los revisó.

En su primera declaración, de 27 de enero de 2020, negó los hechos y afirmó que «en ningún momento ha sugerido a ningún solicitante de licencia de actividad que realizara el proyecto a través de su empresa» y que siempre «fue a demanda de los solicitantes». Además, admitió que «no es funcionario del ayuntamiento», que su «empresa tiene un contrato mercantil con el ayuntamiento» y que «durante veintidós años acudía una vez a la semana al ayuntamiento, pero que él no era el jefe de servicios, ni organizaba el trabajo».

A pesar de su declaración, éstos son algunos casos del informe policial sobre los que se basa su denuncia:

«Decidieron grabar la segunda conversación que mantuvieron (con Manuel Sanz Zapata). En un primer momento les quería cobrar 1.300 euros por la modificación y tras negarse a ello (los afectados), fue rebajando el precio, pagando finalmente 850 euros. El día de realizar el pago se persona en las oficinas del departamento de obras y el ingeniero les dice que se vayan, que 'en el ayuntamiento no puedo coger dinero alguno', personándose minutos más tarde en el establecimiento y haciendo el pago. Solicitó reunión con la alcaldesa María Luz Lastras, informándole de lo sucedido y haciéndole testigo de la conversación grabada».

Tras la inspección de la instalación eléctrica de la enfermería de la plaza de toros, propiedad del ayuntamiento, la Policía Local asegura: «Manuel Sanz certifica que la instalación eléctrica se encuentra apta para su uso, mientras los agentes, además de reseñar que dos de los tres dispositivos luminosos de emergencia se encuentran sin suministro, manifiestan que el conserje de la plaza de toros les manifiesta que no tiene conocimiento de que se haya realizado mucho tiempo atrás otra inspección, siendo él la única persona que posee llaves de acceso a la enfermería. Manuel Sanz, además de presentar a la administración certificado oficial visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Madrid, ha registrado factura por importe de 744,15 euros. Podría haber incurrido en los presuntos delitos de falsificación de documento oficial y estafa».

«Cuando fue a abrir el establecimiento, contrató a un ingeniero del municipio, que lo hacía mucho más barato, pero que tuvieron que cancelarlo al decirle que si no lo realizaba el ingeniero municipal (Manuel Sanz Zapata), le iban a denegar la licencia, por lo que lo realizó a través del ingeniero municipal, pero con un socio suyo (José Ramón Portabella), al cual no conoce de nada. Estos hechos lo puso en conocimiento del entonces teniente alcalde, Luis Haro, diciéndole éste que es el procedimiento del ayuntamiento». Posteriormente le pidieron 2.000 euros, «realizando el pago en metálico, sin factura, ni recibo, solicitando un documento para poder abrir. Una vez abonada la cantidad recibe una llamada de Manuel Sanz diciéndole que para darle la licencia tenía que hacer una puerta y pagarle más dinero por el proyecto. Al decirle que si no le deja abrir va a montar un escándalo en el ayuntamiento, éste se asusta y baja a hablar con ella en persona al establecimiento, diciéndole que se tranquilizara, otorgándole finalmente la licencia de actividad».

«Hace unos tres años se personó en el ayuntamiento para realizar un cambio de actividad y Manuel Sanz le dijo que previamente tenía que realizar un nuevo proyecto, ya que había modificado los muros de la barra. Que la contratación la hizo directamente con Manuel Sanz, al ofrecerse éste a realizarlo, siendo quien realizó las mediciones, entregó la factura y recibió la cantidad de 1.500 euros al contado. No conoce al firmante del proyecto, José Ramón Portabella, en ningún momento ha hablado con él, ni personado en el establecimiento». A pesar de lo que se recogía en el proyecto, la policía señala que los aseos «no están contemplados en el proyecto ni adaptado en el local para personas con movilidad reducida», indica el informe de la Policía Local.