Operación Pantano: La juez investiga por delito urbanístico la etapa del exalcalde socialista

Esta pieza separada ha permanecido hasta ahora bajo secreto de sumario y se ha conocido el pasado día 22 de diciembre de 2022. Javier Vasallo, abogado de Mercedes Zarzalejo, recibió un auto de la juez en la que le comunicaba que la ampliación de la querella presentada en mayo de 2022, precisamente por un delito de ordenación del territorio, se incorporaba a «las diligencias previas 937/2022», distintas a la 1097/2019, que es la pieza inicial. «Yo había pedido que los delitos urbanísticos fueran al procedimiento inicial de la operación Pantano», asegura Vasallo a ABC. «Pero me dicen que no, que quieren hacer otra pieza testimoniada, que se abrió sin saberlo nadie. En la primera denuncia no se denunciaban estos hechos y por eso presenté la ampliación, ya que los primeros delitos suceden al margen de los delitos urbanísticos que vienen de Costa Madrid», explica el letrado.

En la pieza principal de esta causa de presunta corrupción en San Martín de Valdeiglesias se investiga, entre otras cuestiones, el reparto de más de 600.000 euros entre amigos y familiares del PSOE, tras el informe del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, que realizó un registro en las dependencias municipales en diciembre de 2019. Como consecuencia de ese registro fueron detenidos hasta 17 personas, entre ellos concejales y exconcejales del PSOE, familiares, empresarios y funcionarios municipales.

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Pero la trama va más allá, como ahora se ha descubierto, y se extiende a operaciones inmobiliarias en el entorno del pantano de San Juan, en la que se han podido ver beneficiadas algunos de los investigados en la pieza principal, familiares de la exalcaldesa y de ediles socialistas, al aparecer como titulares de parcelas que fueron permutadas por el propio ayuntamiento a la mercantil Construcciones Sevillano, S.A. Unas parcelas en las que se han realizado modificaciones que no se ajustan a la legalidad.

La voz de alarma la dio el equipo de delitos económicos de la Guardia Civil que, en un oficio de 12 de noviembre de 2021, al que ha tenido acceso ABC, donde solicita al juez la «apertura de pieza separada de delitos contra la ordenación del territorio», pidiendo la «declaración de secreto de las actuaciones». La Guardia Civil asegura que se llevaron «diferentes líneas de investigación, dado el extenso volumen de documentación y el extenso periodo al que afectan».

El origen de esta investigación se sitúa en «los delitos e irregularidades cometidos por el ayuntamiento para la contratación y celebración de fiestas» en el Castillo de la Coracera durante los meses de verano de 2017. Unos eventos sobre los que la Policía Local propuso su prohibición, tras detectar «numerosas anomalías», pero que fueron autorizados por resolución del concejal de Obra, Luis Haro.

Estos hechos dieron pie a la Guardia Civil a investigar las «posibles relaciones de las mercantiles responsables del evento, del lugar de celebración de los mismos y la posible participación de las personas investigadas en esta causa», ya que señalan que «no tiene lógica desde el punto de vista policial la esquiva de la norma, la posible comisión delictiva sin un fin último que lucre o haga una disposición de alguna manera a los que lo cometen».

Uno de los eventos, el «Phamtom Fest», siempre según el oficio «se desarrolla en un bien inmueble de carácter histórico conocido como 'Castillo de la Coracera', cuyos derechos reales pertenecen en la actualidad al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y José Fernando Cornejo de Pablos al cincuenta por ciento de propiedad indivisa, siendo bien dotacional de la constituida 'Fundación Castillo de la Coracera'».

El 20 de marzo de 2003 se crea la denominada 'Fundación Castillo de la Coracera', con la finalidad de la inclusión del castillo en el patrimonio del ayuntamiento, y la propiedad del mismo es de la sociedad Agromanchega del Río S.L, cuyos administradores mancomunados son José Fernando Cornejo de Pablos y Emilio Fernández Díez. Esta unidad de la Guardia Civil advierte de «la posible instrumentalización» de la fundación «para la materialización de beneficios particulares, como la celebración de eventos por parte de mercantiles privadas, pagando un alquiler por las instalaciones o contratando por parte del ayuntamiento a estas empresas para la realización de eventos».

Se detectaron «irregularidades en la contratación de empresas», «falsificación de documentos públicos y fraude a la administración», por lo que se procedió a investigar a la Fundación Castillo de la Coracera «sus cuentas bancarias y sus estatutos».

Del análisis de los estatutos «resultó un extracto de elementos reseñables» vinculados a «operaciones inmobiliarias sin una lógica económico financiera». El 6 de septiembre de 2003 hay una «permuta de bienes inmuebles» entre la fundación y la sociedad Agromanchega del Río, S.L. Un proceso en el que «el cincuenta por ciento de la propiedad es cedida en donación por uno de los socios de Agromanchega del Ríos, S.L como patrono de la fundación, en este caso Cornejo de Pablos, y el cincuenta por ciento restante, propiedad de Fernández Díez, sería adquirido por el ayuntamiento entregando a cambio una serie de parcelas en diferentes emplazamientos del municipio, durante el gobierno del PSOE y de José Luis García como alcalde».

Algunas de estas parcelas se encuentran en la zona 'Costa Madrid' del pantano de San Juan que «tienen efectuadas divisiones horizontales y construcciones inmobiliarias que no se ajustan a los parámetros legales que permitían su división y la concesión de licencias de edificación».