Madrid prohibirá la venta de derivados del cannabis a menores, y sus tiendas no podrán estar a menos de 300 metros de centros educativos

Estas novedades estarán en la modificación de la Ley de Drogodependencias y Adicciones en que trabaja el Gobierno regional y que quiere proteger a los jóvenes sobre el uso de la marihuana, una droga con «efectos demoledores en países que antes admirábamos» y «no queremos que esto pase en la Comunidad de Madrid, ni abandonar a nuestros jóvenes», ha explicado Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña lleva tiempo manifestando en público su preocupación por el consumo de drogas, especialmente por el cannabis, muy extendido y tenido por muchos como algo inofensivo, pero que la política recuerda que está detrás de muchos problemas de salud mental. Para frenar su consumo y el de otras sustancias, anunció recientemente en la Asamblea de Madrid la puesta en marcha de un plan regional dirigido a los jóvenes, contra el consumo de marihuana, los vapeadores y los derivados del CBD.

En este camino se le enfrenta Más Madrid, que apoya la legalización de la marihuana. Ayuso está convencida, sin embargo, de que este es un camino equivocado, porque las drogas destrozan «vidas enteras, provoca fracaso escolar, personal, laboral, destroza vidas enteras… y desde muy jóvenes, desde los 12, 13, 14 años los niños están empezando a consumir marihuana y otras sustancias parecidas, que son tan perjudiciales».

Ese plan regional contra las drogas incluirá campañas de prevención, para todas las edades y con un programa de actividades deportivas, culturales, de ocio, en los colegios y fuera. Habrá campañas específicas contra el 'chemsex', la práctica que incluye consumo de drogas en largas sesiones de sexo. Y se triplicarán «las plantillas de profesionales para después, cuando algunos hayan caído, tener ayuda de médicos y de sanitarios para ayudar a la drogodependencia, a la prevención del suicidio, a la salud mental».

El cannabis, según datos del sistema regional de vigilancia de adicciones, es la droga ilegal más consumida entre los estudiantes madrileños de 14 a 18 años. El 27,8% lo ha hecho en alguna ocasión, el 21,8% en el último año y el 14,5% el último mes. La edad media de su inicio es 14,8 años.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid va a aprobar una ley que elimina los términos peyorativos sobre discapacidad que puedan aparecer en las normas en vigor en la Comunidad de Madrid. Algo que también iba a hacerse en el Estatuto madrileño, por unanimidad de los grupos en eliminar el término «minusválido», pero que se ha aplazado porque esta modificación hacía necesario llevar al Congreso de los Diputados el Estatuto, y el Gobierno regional desconfiaba de lo que pudiera votarse allí, con las actuales mayorías parlamentarias.

Díaz Ayuso ha llevado la elaboración de esta ley al Consejo de Gobierno, «para asegurarnos de que no hay un solo término peyorativo sobre la discapacidad en toda la normativa madrileña».

El objetivo de la nueva norma, de la que ya se habló el pasado marzo, es identificar estas menciones poco adecuadas o peyorativas sobre la discapacidad, para suprimirlas para siempre de todas las leyes y los decretos de la Comunidad.

Díaz Ayuso ha recordado que la Administración regional ha sido pionera a la hora de «introducir la figura del facilitador judicial para ayudar a este colectivo a relacionarse con la Justicia», acompañándoles en cualquier parte del proceso y garantizando de esta manera todos sus derechos.