Lobato aceptaría quitar seis diputados a la Asamblea de Madrid y poner el tope en 129 escaños

En el PSOE, Juan Lobato se mantiene a la expectativa. Su propuesta original fue muy concreta: eliminar el término 'minusválidos', que aparece en el texto del Estatuto, y sustituirlo por 'personas con discapacidad', sin añadir nada más. Este punto es aceptado por todos los grupos, incluido Vox, que se opuso a la reforma del artículo 49 de la Constitución porque no se limitó a cambiar un término por otro, sino que añadió una discriminación positiva para las mujeres y los menores.

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El PP se animó con la idea de abrir el melón del Estatuto, aunque fuera un corte pequeño, y propuso otras tres modificaciones puntuales, que Lobato vio bien siempre que se hiciera por consenso. El punto más relevante es el de la reducción del número de diputados, cuyo incremento es imparable, al estar sujeto exclusivamente al crecimiento de la población. Así, en las primeras elecciones, las de 1983, había 94 diputados en liza y en este momento la Asamblea se compone de 135 escaños.

El PP y el PSOE están de acuerdo en poner un límite. La propuesta del PP es hacer una reducción «pequeña» y poner el tope ahí. Los socialistas tienen ya su propuesta: 129 diputados, que son los que había entre 2011 y 2019. Serían seis menos que en la actualidad, una diferencia menor que podría atraer al acuerdo a uno de los grupos reticentes, Más Madrid. Al PSOE le interesa de manera especial que ese partido se una al acuerdo, porque una vez aprobada la reforma del Estatuto en la Asamblea, por una mayoría cualificada de dos tercios, la iniciativa pasaría al Congreso como ley orgánica, y lo último que quiere Lobato ahora es crearle un problema a Sánchez, si Más Madrid no está en el pacto y el Gobierno se rompe en la tramitación de las Cortes.

Los populares también esperan que ese recorte en el número de diputados permita a Vox aproximarse al acuerdo. El partido de Rocío Monasterio quiere una disminución drástica y que la Asamblea se quede en la mitad. Pero ahora mismo esa idea es inviable por la falta de apoyo del resto de los partidos. Por eso, fuentes del PP confían en que Vox acepte un recorte «pequeño», acompañado de la fijación de un tope, que siempre será mejor que «nada».

Otro de los puntos conflictivos en la propuesta del PP es el de la implantación de la figura del decreto-ley. Los servicios jurídicos del partido están analizando cómo funciona en las 10 comunidades donde ya es una realidad, para determinar cuál es el sistema «más garantista». Las regiones que ya tienen decreto-ley son Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Navarra y Región de Murcia, y se basan en lo establecido en la Constitución: puede utilizarse en casos de extraordinaria y urgente necesidad, y además de forma provisional, pendiente del visto bueno en el Parlamento. El PSOE tendría difícil oponerse en Madrid, pues es una figura que Sánchez ha utilizado de forma insistente.

El cuarto punto, el de cambiar el nombre de la Asamblea por 'Parlamento de Madrid', parece muy sencillo, pero Vox lo ve contradictorio con la incorporación del decreto-ley al sistema.

El PP y el PSOE quieren el 'máximo consenso', aunque los votos de ambos partidos, que suman 97 de un total de 135, serían suficientes para alcanzar los dos tercios necesarios.