La Justicia reabre la investigación a la cúpula de la Policía Municipal por presuntas irregularidades en las oposiciones

A esa primera denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción se sumó, en octubre de 2022, el grupo municipal Más Madrid, liderado por Rita Maestre, y la Asociación Policía Municipal Unificada (APMU). El Ministerio Público ordenó a la Policía Municipal que investigase lo ocurrido y el departamento de Asuntos Internos puso en marcha una ronda de declaraciones entre el personal del tribunal de las oposiciones y otros mandos. Mientras transcurría ese proceso de puertas para adentro, APMU interpuso una denuncia penal y la investigación pasó a manos del citado magistrado Marcelino Sexmero.

Según los hechos denunciados «existieron tratos de favor, tráfico de preguntas, favorecimiento a familiares y allegados en la realización de dos procesos selectivos» para las categorías de inspector e intendente del Cuerpo de Policía Municipal, un «entramado» en el que estaba inmersa la academia de formación Cronos. El juzgado solicitó entonces la intervención de la Brigada de Policía Judicial (CNP) para elaborar otro informe interno y, el pasado verano, tras revisar los documentos policiales, se archivó la causa. No se hallaron indicios de los delitos de organización criminal, cohecho ni tráfico de influencias.

Una vez se decreta el sobreseimiento de las diligencias, el 6 de julio de 2023, APMU presenta el recurso de apelación, al que se adhirió el sindicato Unión de Policía Municipal (UPM). «Nosotros recurrimos porque no estamos a favor de esos informes y porque no ha habido citaciones de los denunciados, no ha habido declaraciones en sede judicial», explica por teléfono el portavoz de APMU, Carlos Bahón. Hace unas semanas, la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso y sentar a los supuestos implicados en el banquillo. Porque la sección número 15 del tribunal concluye que «asumir un informe policial como principio y fin de una investigación que no deja de ser exclusivamente policial, a juicio de la sala, no puede equivaler a clausurar la investigación [...] sin la principal diligencia judicial cual es la declaración de los denunciados en calidad de investigados».

El presunto fraude opositor recae sobre la cúpula de la Policía Municipal: sobre su director general, Pablo Enrique, y el comisario general del Cuerpo, Oskar de Santos. También afecta a otros mandos que componían el tribunal de las oposiciones celebradas en 2021, algunos incluso jubilados, como el comisario de Seguridad Corporativa José Luis Morcillo. Y a profesores de la academia Cronos, incluido el gestor de estos centros e intendente de la Policía Municipal, Miguel Carmona Gavela; su hijo y su nuera aprobaron con calificaciones sobresalientes. En total, hay 16 investigados a la espera de citación oficial.

Aunque la Audiencia Provincial determinó revocar la resolución del Juzgado de Instrucción número 31 «a fin de un mayor esclarecimiento de los hechos y las circunstancias que puedan incidir en su correcta calificación» el pasado 11 de diciembre, el asunto ha vuelto a copar los titulares este lunes y los periodistas han preguntado al alcalde. «Respeto total y absoluto a las resoluciones judiciales, a las personas que han sido llamadas a declarar; habrá que seguir el procedimiento. A ese respecto no tenemos nada más que decir que respeto al Estado de derecho, al poder judicial, sin prejuzgar en ningún caso la resolución final», ha zanjado José Luis Martínez-Almeida.

Según la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se trata de «un caso de corrupción en toda regla», un «escándalo» y un «amaño sistemático de las oposiciones» policiales. El PSOE, por su parte, ha asegurado que preguntará a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias —la máxima responsable del Cuerpo—, Inma Sanz, en la próxima comisión municipal. «Exigimos que se investigue y que se aclaren todas las dudas. Y si se confirman los hechos, exigiremos responsabilidades políticas», ha declarado el concejal Enrique Rico.