El juez imputa a tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso por las muertes en residencias durante la pandemia del covid

Sobre el tema, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso dijo que es «un asunto que estaba archivado hace tres años; ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo». Además, desde el gobierno regional destacaron su respeto por las decisiones judiciales pero recordaron «que ya han sido más de 60 los procedimientos archivados en los juzgados por esta cuestión», y que «la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y nueve sociedades médicas».

La Fiscalía Provincial pidió la reapertura de estas causas, basándose en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades 'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia', contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por supuesto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.

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M. C.

El Juzgado 3 de Madrid es el primero que decide reabrir una causa. Una decena de juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, y en todos estos casos los denunciantes han presentado recursos. El resto de juzgados todavía tiene que pronunciarse.

Las asociaciones de familiares citadas mostraron su satisfacción por la citación, y piden a Mur, Burgueño y Peromingo que «desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional».

Fuentes populares indicaron que la titular del juzgado número 3, María Isabel Durántez Gil, ostentó diversos cargos bajo gobiernos del PSOE: directora general de Interior de la Xunta en el Gobierno de Pérez Touriño, y directora general de la Marina Mercante cuando el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero. Fue además la juez que dejó en libertad al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, al no dar veracidad a la denuncia de la supuesta víctima de una agresión sexual.