La historia interminable de la Ciudad de la Justicia que, por fin, comienza a construirse en Madrid

Miguel Ángel García no podía disimular su satisfacción ayer, en este arranque del proyecto que «transformará para siempre la Justicia en Madrid». Él ha logrado llevar a la práctica una iniciativa que llevaba dos décadas embarrancada. Primero, porque se planteó como un conjunto de edificios diseñados por los mejores arquitectos del mundo, con las minutas correspondientes a tamaña fama; llegó la crisis y arrasó con el proyecto, del que sólo quedó en pie el 'donut' de Zaera, hoy Instituto de Medicina Legal.

Después, el proyecto lo retomaba otro presidente regional, Ignacio González, pero cuando le sustituyó Cristina Cifuentes, ésta suspendió la adjudicación que se había producido, tras conocer informes demoledores de la Cámara de Cuentas sobre estos proyectos, y tras llevar a la Fiscalía General del Estado una denuncia por posibles «irregularidades» en su gestión.

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Sara Medialdea

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Ya con Díaz Ayuso como jefa del Ejecutivo, se intentó un método diferente: dar la concesión de la Ciudad de la Justicia a una empresa o grupo de ellas, a cambio de que se encargaran de construir, explotar, gestionar y mantener los edificios durante 40 años, cobrando a cambio un canon del Gobierno regional. Pero por dos veces, el concurso quedó desierto: a las empresas no debieron salirles los números.

Y como la necesidad de unificar las sedes judiciales continuaba existiendo, la presidenta regional se decidió a llevar a cabo la iniciativa por gestión directa: se sacó a concurso y se adjudicó por lotes a varias uniones temporales de empresas, que ahora inician la construcción del conjunto.

Así se llegó al día de ayer, cuando Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida plantaron un roble en la parcela que ocupará la Ciudad de la Justicia, e iniciaron, con unas excavadoras puestas 'ad hoc' en el lugar, un simbólico movimiento de tierras que da el pistoletazo de salida a este plan.

Será el complejo judicial más grande del mundo, se invertirán en él más de 650 millones de euros, y permitirá ahorrarse 50 millones al año en alquileres, y 80 si se suman otros gastos de seguridad o mantenimiento. El complejo va a reunir los 378 órganos judiciales repartidos ahora por 26 sedes desperdigadas por la ciudad.

En algo más de tres años se levantará esta Ciudad de la Justicia sobre medio millón de metros cuadrados de suelo en Valdebebas. Para ello, van a contar con 3.000 trabajadores en los momentos de mayor actividad. Los primeros edificios que se van a ejecutar serán los del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial y los 105 juzgados de primera instancia; precisamente, los trabajadores de estos espacios ya se trasladarán en 2028, aunque de forma escalonada para interferir lo menos posible en la actividad de la administración de Justicia. En una segunda fase se culminarán los correspondientes a todas las jurisdicciones, menos la penal. Toda la obra estará terminada en el primer trimestre de 2029.

De momento, sólo se conocía del proyecto la macromaqueta de la operación, de más de 16 metros cuadrados, que se mostró en mayo de este año por primera vez. El diseño de esta gran obra ha salido de dos grandes equipos de arquitectura: el de Carlos Lamela (con OHLA-Azvi-Rover) y el estudio Fenwick Iribarre Architects (Con Acciona-Dragados). La idea es ejecutar construcciones sencillas y funcionales; la Ciudad de la Justicia tendrá un único edificio singular, un hito en forma de cubo que albergará el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A ambos lados de este, estarán dos edificios de la Audiencia Provincial.

El resto de órganos judiciales se instalarán en cuatro inmuebles de estructura rectangular asentados sobre una base cuadrada. Todo el complejo ocupará un espacio equivalente a 65 campos de fútbol. La zona también contará con cafeterías, guarderías y zonas verdes, y tiene ya en marcha un intercambiador de transportes que se construyó e inauguró antes incluso de que llegara a él la ampliación de la línea 11 del Metro.

Además de la ventaja evidente de concentrar en una misma zona todas las sedes relacionadas con órganos judiciales, otra ventaja de construir esta Ciudad de la Justicia va a ser el ahorro que le va a suponer al Gobierno regional en alquileres.

Las obras de las primeras fases se adjudicaron a varias uniones temporales de empresas: el lote 1 a OHLA-Azvi-Rover, por 161 millones de euros; y el lote 2 a Dragados-Acciona, por 378 millones de euros, ambos antes de impuestos. El lote 1 incluye la construcción del aparcamiento público y los edificios del Tribunal Superior de Justicia y las audiencias provinciales. El lote 2, la construcción de la jurisdicción civil, penal y la Fiscalía.

Al concurso se presentaron 13 grandes empresas, agrupadas en cinco UTE (unión temporal de empresas), prácticamente todas las 'grandes' del sector. No en vano, este proyecto, de 653 millones de euros, es uno de los más importantes que tiene entre manos la Comunidad de Madrid y posiblemente será «de las obras públicas de mayor envergadura en España», aseguran en el Gobierno regional.

Está previsto construir 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante, en un solar con una superficie de 132.000 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 61 por ciento de superficie respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en estos momentos. Además, se crearán zonas de reserva de espacio, que sean capaces de absorber el crecimiento de la planta judicial durante los próximos 40 años.

Más de 30.000 personas acudirán cada día a estas instalaciones, por trabajo o para resolver asuntos legales. En el intercambiador hay acceso a Cercanías y autobuses, y en un futuro, para cuando terminen los trabajos de la Ciudad de la Justicia y comiencen a llegar funcionarios y ciudadanos, también habrá llegado allí el Metro, por la ampliación de la línea 11 de Metro. También se ha pensado en las necesidades de aparcamiento tanto de quienes acudan a los edificios a trabajar como de los ciudadanos que deban ir a resolver asuntos con la justicia. Por ello, habrá varios aparcamientos subterráneos, de la capacidad de los que ahora hay en las terminales del aeropuerto T2 y T3.

La presidenta madrileña destacó ayer que el arranque de esta gran obra es «fruto de nuestro compromiso con el Estado de Derecho la libertad y la Justicia». Cuando los inmuebles estén terminados y se haya producido el traslado de los funcionarios al nuevo complejo, esto liberará otros espacios que ahora se dedican a la administración de justicia. Por ejemplo, el Registro Civil de la calle de Pradillo, o los juzgados de la Plaza de Castilla.

Precisamente aquí está previsto instalar el Distrito Administrativo y de Atención al Ciudadano, un anuncio de la presidenta regional en el Debate del estado de la región de 2024. En cuanto al Registro, cambiará su actual sede por el edificio que ahora ocupan los Juzgados de Primera Instancia en la calle Poeta Joan Maragall. La nueva ubicación permitirá habilitar estancias para acoger celebraciones de bodas o actos de jura y nacionalidades.