Las mayores constructoras compiten por levantar la Ciudad de la Justicia

En concreto, optan al concurso cinco Uniones Temporales de Empresas (UTE): OHLA-Azvi-Rover, Ortiz-Lantania-Vias y Construcciones, Constructora San José-Avintia, Dragados-Acciona Construcción y Ferrovial-Sacyr-FCC. Todas, salvo la segunda, buscan hacerse con los dos lotes en lo que se divide el nuevo complejo judicial en la capital.

La Ciudad de la Justicia es un ambicioso y antiguo proyecto para unificar los 374 órganos judiciales repartidos por 28 edificios en todo Madrid y concentrarlos en una única parcela, en la zona norte, muy cerca del aeropuerto. El plan tuvo un primer arranque en pleno 'boom' económico, en los felices años 2000, como una megainiciativa de la presidenta Esperanza Aguirre en la que intervendrían los mejores arquitectos del mundo para levantar una veintena de edificios singulares que albergaran los órganos judiciales madrileños sobre unos terrenos públicos en Valdebebas. Luego llegó la crisis y cortó en seco la iniciativa.

Apenas se llegó a construir uno de los inmuebles, el 'donut', que ahora alberga el Instituto de Medicina Legal. El proyecto hibernó en algún cajón, hasta que en 2014, el presidente Ignacio González –que sustituyó a Aguirre cuando ésta dimitió– lo resucitó, cambiándole el nombre y el modo de gestión. Pero aunque llegó a adjudicarse el proyecto, su sucesora en el cargo, la presidenta Cristina Cifuentes, anuló en 2017 la adjudicación, y dejó la Ciudad de la Justicia en el dique seco. Lo hizo tras conocerse informes demoledores de la Cámara de Cuentas sobre estos proyectos, y tras llevar a la Fiscalía General del Estado una denuncia por posibles «irregularidades» en su gestión.

Fue Isabel Díaz Ayuso quien retomó la idea de construir la Ciudad de la Justicia. Primero lo intentó mediante un original sistema: dar la concesión a una empresa o grupo de ellas, a cambio de que se encargaran de construir, explotar, gestionar y mantener los edificios durante 40 años, cobrando a cambio un canon del Gobierno regional. Pero por dos veces, el concurso quedó desierto: a las empresas no debieron salirles los números.

Así que llegó el momento de repensar el proyecto, y decidirse por otra forma de gestión: la directa. Es en lo que están ahora los responsables regionales, que van a pagar con cargo a los presupuestos madrileños los 680 millones de euros que supondrá la construcción de entre 10 y 13 edificios –varios de ellos, singulares– donde albergar todas las sedes judiciales.

En el anteproyecto se aceleran los plazos y se adelanta el final de las obras de 2030, que es cuando se preveía tener terminada la Ciudad de la Justicia hace unos meses, a finales de 2028. Esto es así porque se simultanearán el final de las obras de una de las fases con el inicio de otra. Todo, con el fin de llevar adelante un viejo anhelo del sector judicial: centralizar sus sedes.

Además de dotar a los profesionales de Justicia de edificios nuevos, modernos, accesibles y sostenibles, se habilitarán también aparcamientos, zonas verdes, guarderías, e incluso espacios de reserva para poder absorber los crecimientos de demanda que se experimenten en los próximos 40 años.

Las obras se dividirán en dos lotes –y aún no se ha decidido si se adjudicarán a empresas distintas o si podrá elegirse a la misma para ambas–. El primer lote comprende la construcción del nuevo Tribunal Superior de Justicia de Madrid –uno de los edificios que se quiere que sean singulares en este complejo judicial–, y las audiencias provinciales.

Además, se hará un aparcamiento público de 2.900 plazas. La inversión en estos trabajos será de 203 millones de euros, y se desarrollarán desde inicios de 2025 hasta septiembre de 2026.

A la vez, se iniciarán parte de los trabajos del lote dos, concretamente los relativos a los juzgados de primera instancia y un parking restringido para 2.000 plazas. Toda esta primera fase supone un 46 por ciento del total de la obra.

Una segunda fase se iniciará en octubre de 2026 y durará hasta septiembre de 2027. Incluirá la Fiscalía, las jurisdicciones civil y penal, y los de primera instancia, familia, cláusulas de suelo, los de lo social y los de lo contencioso-administrativo.

Al acabar esto, quedará una última fase por completar, desde octubre de 2027 hasta que acabe 2028. Allí se terminarán los juzgados que queden pendientes, como los de violencia contra la mujer, además de los de instrucción, el depósito o el archivo judicial.

Esta Ciudad de la Justicia supondrá, dicen en Sol, un ahorro «de hasta el 50 por ciento» en los gastos que va a suponer la concentración de sedes: no sólo en alquileres, sino también en suministros y en otros factores. Calcula que en 40 años podrá suponer ahorrarse 2.000 millones de euros.

En el primer semestre del año 2027 prevén que estará ya funcionando el primer edificio de la Ciudad de la Justicia, «con los funcionarios trasladados», aclaró el consejero. Lo que aún no se ha determinado es qué va a pasar con los seis inmuebles de titularidad pública que ahora albergan sedes judiciales, algunos tan bien situados y tan valiosos como el de los juzgados de la Plaza de Castilla.