Los grafiteros huyen a la periferia de Madrid asfixiados por la presión policial

Como si de un decorado se tratara, los grafiteros aprovechan las noches para dejar su huella en las piezas recién colocadas. «Parece que estuvieran controlando lo que hacen en todo momento los obreros, si lo piensas bien es absolutamente increíble», sostiene un vecino, testigo de la progresiva acumulación de pintadas. El fenómeno, sin embargo, no es tan extraño, aunque sí responde a un cambio de tendencia: en los últimos meses, los amigos del espray han menguado sus 'lienzos' urbanos para mudarse a la corona metropolitana de la ciudad y otras carreteras de municipios limítrofes.

Así lo confirman las distintas fuentes consultadas, que ponen el foco en la red de carreteras estatales y regionales, más retiradas y repletas de «puntos ciegos». Se da la circunstancia, además, de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha emprendido en los últimos años la colocación de pantallas acústicas para mitigar el ruido en diversos tramos de autovías. Así, al tiempo que han proliferado estas láminas de metal, las piezas (como se conoce en el argot a los dibujos de grandes dimensiones) se han expandido por todo el mapa madrileño.

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Ello ha motivado que la Dirección General de Carreteras (dependiente del propio Ministerio de Transportes) esté evaluando una serie de soluciones de cara a los próximos proyectos del Plan de Acción contra el Ruido. Así, en función de «la localización y condicionantes particulares de cada tramo», contemplan diferentes alternativas. Por un lado, levantar barreras vegetales trasdosadas a las citadas pantallas acústicas; es decir, colocar numerosas plantas trepadoras (con riego por goteo) para que crezcan sobre la rejilla metálica, amén de una fila de arbustos con o sin riego.

En ese sentido, la labor del Ayuntamiento de Madrid para combatir este frente en sus carreteras, con la M-30 como el mejor de ejemplo de limpieza eficiente y eliminación de pintadas, pudiera ser el primer espejo en el que mirarse. Sin ir más lejos, el verano pasado el Gobierno de Almeida ya implementó un jardín vertical de 3.250 metros cuadrados en la ronda de circunvalación (con la idea de estudiar sus resultados y valorar su prolongación a otras zonas) a su paso por la avenida de la Ilustración. Desde entonces, la vegetación aquí impide cualquier tipo de acción con el espray.

Comparaciones al margen, lo cierto es que el ministerio de Óscar Puente aún está lejos de ofrecer una respuesta eficaz a esta controversia. Entre el resto de opciones planteadas por su departamento, están la de usar pintura antigrafitis, añadir rejillas metálicas cerca de las pantallas para obstaculizar el acceso a ellas, elevar murales por medio de concursos artísticos o realizar caballones de tierra con plantaciones de árboles y arbustos. Pero mientras eso llega, la mudanza grafitera sigue su curso.

«La guerra contra las pintadas en el centro de Madrid ha provocado un efecto frontera», sostiene el componente de una antigua 'crew', dedicada en la primera década del siglo a 'decorar' todo el mobiliario urbano. Las nuevas generaciones son conscientes de que si les pillan, «las cosas ya no son como antes». Ahora, por vandalizar un murete o una puerta son 600 euros; por hacer lo propio en el cierre metálico de un comercio, 1.000; y si la pintura ha manchado un edificio emblemático, 2.000 (en caso de que el garabato cubra menos de un palmo) o 3.000 (si es de mayor tamaño).

Además del incremento en la limpieza (lo que impide a los autores perpetuar parte de sus firmas), la creación en noviembre de 2023 de la Sección de Protección del Patrimonio Urbano de la Policía Municipal ha marcado un antes y un después en esta particular batalla.

Según adelantó ABC, los datos de los primeros cinco meses de trabajo de esta unidad especializada en la detección e investigación de pintadas callejeras vandálicas revelaron un aumento sustancial de los atestados: 49, frente a los 17 que se anotaron en los diez meses anteriores a la puesta en marcha de la brigada. En ese arranque, tramitaron también 109 expedientes, 61 informes, 139 denuncias y mantenían a 17 investigados tras 273 identificaciones, con 5 remisiones a Fiscalía. Los distritos más afectados eran Centro (especialmente, Malasaña), Latina y San Blas-Canillejas.

Por otro lado, donde sí continúa la actividad de estos vándalos muy latente es en las infraestructuras de Metro y Cercanías. Y prueba de ello son los últimos sucesos registrados esta misma semana. El martes, un grupo de siete grafiteros vandalizaban a primera hora de la mañana un convoy de la línea 9 del suburbano capitalino, obligando a interrumpir la circulación durante más de media hora entre las estaciones de Rivas Urbanizaciones y Puerta de Arganda. La compañía denunció los hechos ante la Policía Nacional y cifró el coste de los daños en un mínimo de 3.360 euros. Los responsables, que actuaron encapuchados y con bufandas y pasamontañas para ocultar sus rostros, accionaron el desbloqueo de puertas del último vagón, y bajaron a la vía para pintar 84 metros cuadrados del convoy.

Horas más tarde, sobre las 10 de las noche, dos jóvenes (uno de ellos menor) fueron arrestados tras haber accionado el freno de emergencia de otro tren, en este caso de la red madrileña Cercanías, que cubría la ruta entre Fuente de la Mora y Chamartín. El 'modus operandi' no varió: un grupo de pasajeros accionaba el freno de emergencia para obligar al conductor a detener el convoy alrededor de diez minutos, un tiempo aprovechado para apearse del mismo y pintar en el lateral de los vagones y la cabecera. Los vigilantes de Renfe lograron retener a dos de los implicados, mientras que al menos otros dos consiguieron huir a la carrera.

Si en 2023, Metro de Madrid denunció hasta 565.000 euros en daños por las 195 pintadas sufridas, el vandalismo en los trenes de Renfe superó los 25 millones de euros (con un total de 3.977 intrusiones en toda la red nacional), lo que se tradujo en un perjuicio medio de 70.000 euros al día y 15.000 horas de trabajos de limpieza.