Crecen las mafias que aprovechan los visados de 90 días de turistas para prostituir a mujeres en pisos en Madrid

Pero hay otra realidad en torno a esto, más novedosa. Recientemente, la Policía Nacional ha descubierto un incremento de mujeres, sobre todo colombianas, argentinas, paraguayas y venezolanas, que llegan a España como turistas. «Las hay utilizadas por mafias de sus países, pero también otras que lo hacen obligadas por su situación de precariedad y vulnerabilidad, que es otra manera de sometimiento», señalan fuentes de la investigación.

«Aprovechan el permiso de 90 días para visitar España para instalarse en pisos para ejercer. Suelen ser los bajos o las primeras plantas, porque así no hay tanto trasiego por el bloque. Incluso instalan cámaras de vigilancia si son los típicos locales reconvertidos en apartamentos. Colocan vinilos en las ventanas y cierran las persianas. Las que suelen venir esos tres meses son las latinas, que luego regresan a sus países y, en algunas ocasiones, repiten viaje a Madrid al cabo de un tiempo», añade otro policía. Aquí, lo que no saben (pese a que sepan de antemano que van a ser prostituidas), es que van a estar encerradas en habitaciones, sin capacidad de elección de clientes y pagando deudas de 40.000 euros que nunca terminan.

No obstante, también hay muchos hombres jóvenes que llegan de Hispanoamérica de la misma manera, esta vez sin una mafia detrás, y que, mientras les llega la resolución de la petición de asilo o el permiso de residencia y trabajo, caen en el dinero fácil (o eso creen ellos) y se venden como chaperos. Hay páginas webs en las que hay cientos de ellos 'trabajando' en Madrid, con sus fotos, características físicas, precios y preferencias en prácticas sexuales. Abundan los venezolanos, por delante de colombianos y brasileños.

«Los policías municipales, con la falta de plantilla que hay, no podemos dedicarnos a perseguir estos papelitos. Como mucho, podemos actuar con quienes los colocan, que son personas contratadas, cuando les pillamos colocándolos en los coches. Poco más, porque ni siquiera sirve investigar los números de teléfono de contacto», explica un veterano agente de Ciudad Lineal, uno de los distritos con más pisos-burdeles de Madrid. Detrás están grupos chinos, búlgaros, rumanos y, por supuesto, de origen latinoamericano.

Lo cierto es que la problemática de los 'flyers' bajó durante unos años, sin llegar a desaparecer. «Aunque ahora vuelven a resurgir, hay un claro aumento por toda la ciudad, pese a que persisten más aún en los barrios de siempre», como Quitana, Pueblo Nuevo, Oporto, Carabanchel, Usera, Villaverde, Latina e incluso Pozuelo de Alarcón, por sólo mencionar algunas áreas.

Eso sí, estos pasquines no hacen más que revelar una tendencia: «Cada vez hay más pisos utilizados por la trata para explotar a mujeres. En el censo de finales de abril, contabilizamos mil en Madrid [en diciembre eran 800]. Y desde entonces hasta ahora han crecido, seguro, porque todos los meses se abren nuevos», explica Ana Estévez, mediadora social de la asociación Apramp, la principal de ayuda a la mujer prostituida y que trabajaba mano a mano con los Cuerpos de Seguridad. Y ese es el verdadero problema.

Todas las fuentes consultadas alertan de otro peligroso descubrimiento. Desde hace una semana, se ha detectado que las páginas web y grupos de Telegram («Chicas independientes en Madrid», se describen) donde se ofertaban servicios sexuales, al calor de la nueva 'ley del solo sí es sí', han eliminado el acceso directo a los perfiles de las chicas que allí se exponen. La normativa actual castiga más a los proxenetas y a esta manera de exponer a las mujeres como si fuesen ganado.

«Ahora, hemos descubierto que han cambiado cada anuncio por un código QR en esos chats, de manera que, escaneándolo, el putero tiene acceso a las fotos de la víctima de trata, a sus características, teléfono de contacto y hasta al distrito donde ejerce», señalan. La cosificación en su estadio máximo.

Los clubes tienen cada vez menos protagonismo en el mundo de la prostitución: «Este auge de los pisos, que sufre un nuevo capítulo desde hace unos meses, se debe a que en los locales de alterne es más fácil que pueda entrar la Policía, y, además, a las mafias les trae más cuenta económicamente tenerlas en chalés o pisos». Es más barato, más seguro y, sobre todo, la Constitución recoge el derecho a la inviolabilidad de la vivienda, por lo que resulta mucho más difícil conseguir una orden judicial para la entrada y registro.

Hay un caso reciente, el de una mafia con un sótano en Leganés y otro piso en Móstoles, que pudo resolverse gracias a un chivatazo anónimo al correo electrónico trata@policia.es y a la consiguiente denuncia de una de las esclavas, que estaba a punto de suicidarse tras ser sometida las 24 horas del día en el cubil del chalé.

ABC se ha puesto en contacto con algunos de estos lugares. Cada uno tienen varios número de contacto, normalmente comprados en locutorios a nombre de terceros o con documentación falsa, para no dejar el rastro verdadero. Dos tonos después de marcar, una voz acaramelada femenina responde: «¡Hola, buenos días! Estamos por el metro Pueblo Nuevo, cariño. Los precios mínimos son: 15 minutos, 20 euros; media hora, 40, y la hora son 80».

Sobre la posibilidad de ver a las chicas antes de ir, no hay problemas: «Me envías un WhatsApp y te envío fotos». Y sobre su horario: «De 8 de la mañana a 12 de la noche». «Somos dos, de Paraguay». ¿Hay que mediar con alguien? «No, con nosotras, cariño».

Desde Ciudad Lineal contactamos también con otro piso, en Quintana. Se oyen voces femeninas y masculinas de fondo. «Amor, la calle es Benidorm. El piso te lo doy cuando estés aquí, mi vida». Las tarifas son más caras: «Los 20 minutitos 30 euros; media hora, 50, y una hora, 80. Incluye todo. »Somos de Paraguay, Brasil y Colombia. Hay donde elegir. Ahorita estamos cuatro chicas disponibles. De momento, estamos todo el día y toda la noche, incluida la madrugada«. Sólo hay que imaginarse esta situación en otro millar de pisos más en Madrid.

Otro experto policial en estas lides sentencia: «El asunto es que, guste o no, la prostitución en sí no está prohibida [sí lo están el proxenetismo y la trata de personas]. Los 'flyers' en sí no nos dan ninguna información relevante para nosotros. Lo que se puede hacer es que los vecinos de esos bloques apelen a la Ley de Propiedad Horizontal, que especifica que cuando se realiza una actividad peligrosa o nociva en una vivienda, los presidentes pueden denunciar».

Hastiado de tener las manos atadas por la excesiva protección legal de la que gozan este tipo de mafias, sentencia: «Que los vecinos se echen a la calle y protesten, porque nosotros no podemos entrar en un piso de ese tipo, porque es considerado morada. Necesitamos nuevas leyes y argumentos legales. Estamos desesperados. Que salga ya una ley integral contra la trata».

Luego, está el problema creciente del consumo de droga. Aunque es algo más aleatorio, se dan casos en los que las víctimas están obligadas a suministrar dosis a los clientes o incluso ellas a tomarlas, hasta el punto (como en el caso mencionado de Móstoles y Leganés) de que las mujeres, tan jóvenes, acaban enganchadas a la cocaína o a la heroína.

Estas personas, además, se ven obligadas a entrar en un círculo vicioso de deudas con las mafias de unos 4.000 euros, que van incrementándose con usura hasta que les resulta imposible acabar de pagar. Y todo, bajo amenazas de muerte a ellas o a sus familiares.