El consejero de Educación tacha de «acto de censura y control ideológico» el anuncio de la CRUE de romper acuerdos con universidades israelíes

La carta está dirigida a la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE), y en ella Viciana manifiesta su «respeto escrupuloso por la autonomía universitaria y por la libertad de la Junta para manifestarse» sobre cualquier asunto. Pero, a renglón seguido, muestra su «sorpresa por el interés selectivo de la CRUE», que no se ha manifestado ante asuntos «más cercanos» como «las amenazas al Estado de derecho y la separación de poderes aquí en España».

Pero sobre todo, le alarma como consejero «la quiebra de la seguridad jurídica y el acto de censura y control ideológico, incluso la falta de humanidad, que supone la amenaza de la CRUE en su comunicado», cuando habla de «revisar» y en su caso «suspender» los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes «que no hayan expresado su firme compromiso con la paz».

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Esta mención le parece inadmisible al consejero Viciana porque «atenta contra la seguridad jurídica, porque se refiere a acuerdos que son meramente académicos», y contra la libertad de expresión y conciencia «porque las ideas políticas de los científicos e investigadores no deberían ser parte de tales acuerdos, ni se les puede obligar a pronunciarse», una acción que le recuerda, dice, a las «firmas forzadas» en «regímenes dictatoriales». También le parece un acto de «inhumanidad: no es justo ni proporcional exigirle a nadie que vaya contra su propio país cuando está en guerra». Y se pregunta si «se hizo con las instituciones académicas e investigadoras palestinas a raíz de los atentados de Hamas». Es una pregunta que él mismo se responde: no figuraban estas consideraciones en los comunicados que hizo la CRUE.

La amenaza, insiste el consejero, también afecta a los derechos laborales de investigadores, docentes y trabajadores de estos centros, «cuyo trabajo y salario se ve amenazado por razones ideológicas». Opina que «es inconstitucional privar a alguien de un salario, una subvención o negarle un convenio por razones ideológicas, y menos de forma sobrevenida». La decisión final, recuerda además, debería ser del consejo de Gobierno de cada universidad, «y no de la CRUE».

En su conclusión, «todo cabe en las universidades, pero siempre con el límite del respeto a la Constitución». Su Consejería se compromete a «respetar todos los acuerdos firmados por la Comunidad de Madrid, y a «amparar a los docentes, investigadores y personal laboral de instituciones académicas israelíes que se vean afectados por esta medida que anuncia la CRUE y que excede con mucho sus competencias».