La casa de Usera que oculta nueve infraviviendas: «No es un palacio, pero viven bien»

En la casa no hay sitio para guardarlo todo porque, pese a estar habitada, no es una casa, es una infravivienda de 12 metros cuadrados 'construida' en una especie de contenedor prefabricado que el dueño de un chalé ha anexionado para lucrarse gracias al arrendamiento. Y no es la única. El inmueble –una casa pareada de tres alturas ubicada en el distrito de Usera– ha sido dividido, sin licencia ni permisos, en nueve infraviviendas que alquila por unos 500 euros de media; todas ellas, de superficie similar y compuestas únicamente por una cocina, un baño y una cama. «No es un palacio, pero aquí viven bien», asegura sobre las condiciones habitacionales un hombre encargado de controlarlas.

El edificio –con una superficie total de 170 metros cuadrados, según consta en el catastro– está formado por tres plantas, cada una con un apartamento: semisótano, baja y primera, de 47 metros cuadrados, 62 y 61, respectivamente. Son los datos oficiales, pero nada queda de eso. Cada una de esas alturas ha sido compartimentada para erigir tres viviendas más: nueve espacios individuales en total para sacar a la jungla del alquiler, y, según apunta la investigación en marcha, sin declarar la actividad a Hacienda.

Fue el 17 de agosto cuando algunos de los inquilinos dijeron basta y llamaron a la Policía Municipal. El desencadenante del desencuentro con sus hasta entonces caseros –ciudadanos de nacionalidad china– fueron motivos económicos. Llevaban un mes en una de las infraviviendas y querían marcharse porque no podían contratar internet ni ningún otro servicio, algo que solo puede hacer el titular del inmueble. Le pidieron entonces a los dueños que les devolviesen el dinero abonado, 1.660 euros, y ante la negativa requirieron la presencia policial.

Hasta este chalé pareado, en la calle de Salvador Martínez, se desplazó una patrulla de la Policía Municipal de la Unidad Integral del Distrito de Usera. Los denunciantes y hasta ese momento inquilinos eran un matrimonio de nacionalidad colombiana que vivía en uno de los pisos con su hijo menor de edad y que explicaron a los agentes que la mujer encargada de cobrar los alquileres –siempre en mano– accedía solo a devolverles 600 euros, cifra insuficiente para ellos, que reclamaban la fianza total.

Pero los policías sospecharon y revisaron el inmueble. La vivienda, que debería ser unifamiliar según el registro oficial, había sido dividida en estancias numeradas «y acondicionadas como infraviviendas individuales». Llamaron a todas las puertas para comprobar la identidad de los moradores y comprobaron que, en ese momento, al menos seis de las estancias estaban ocupadas y había menores viviendo en el interior, informan fuentes policiales consultadas por ABC.

Dentro estaba también una señora, de nacionalidad china, y encargada presuntamente de cobrar las mensualidades. Ella no sería la dueña del negocio montado, ya que los arrendatarios tienen un contrato que está a nombre de un ciudadano chino en representación de una empresa, continúan las mismas fuentes.

«Además de la compartimentación interior del edificio, para tener más espacio y hacer dos infraviviendas más han cogido parte de la vía pública, sin tener licencia para ello», explican. Ahí es donde han instalado el área prefabricada. Asimismo, sin los permisos correspondientes, lo que deberían ser las dos terrazas de la planta superior han sido cerradas para montar las cocinas.

El resto de los (pocos) metros cuadrados que quedan disponible, casi sin espacio para moverse, lo ocupan una cama y un baño, separado por una puerta de fuelle. «Las viviendas de la planta superior, las más pequeñas porque no tienen terraza ni vía pública añadidas, tienen baño común fuera del piso», cuentan las mismas fuentes, que ya lo han puesto en conocimiento de Urbanismo y de los técnicos de la junta municipal de distrito para que puedan continuar con las pesquisas y valorar, incluso, si los espacios se clausuran.

Otras casas, para ejemplificar las condiciones infrahumanas, no tienen una salida de humos que se ajuste a la normativa: está enganchada a la ventana y, en el momento en que esta se abre, la salida de humos abatible deja de estar conectada con la tubería de la encimera y, por tanto, se desactiva, creando un grave problema de seguridad. A esto se añade, según la investigación abierta, que habrían ejecutado obras ilegales para poder conectar los desagües con la red pública de alcantarillado.

En cuanto a la actividad económica, se ha puesto en conocimiento del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de Hacienda, puesto que los agentes consideran que se puede estar cometiendo una actividad delictiva por parte de la empresa que figura como arrendadora: «No hay constancia de que se haya declarado la actividad económica del alquiler». Los responsables se estarían embolsando al mes una media de 4.500 euros por mantener habitadas las infraviviendas, que oscilan entre los 480 y los 520 euros.

Hallar el edificio a la primera no es tarea sencilla, como si estuviese en el punto perfecto para pasar desapercibido, entre calles que no tienen una placa con el nombre y aceras que no son más que pequeños corredores rodeados de edificios de unas seis alturas y unas hileras de viviendas unifamiliares.

Son estas, precisamente, las que dan a esa zona interbloques reconvertida en un patio trasero en el que ganar espacio para instalar dos infraviviendas más. En la zona delantera está la entrada principal del chalé, abierta pero vigilada. Una cámara instalada en la parte superior del rellano controla todos los movimientos: quién entra, quién sale y, sobre todo, qué extraño se acerca.

No pasan más de dos minutos cuando un hombre colombiano, que dice ser el administrador, aparece para impedir que se hable con los residentes. «A mí me pagan los chinos», dice sin miramientos. «Reina, ojalá la gente fuese tan buena como ellos y ofreciese buenos precios para vivir, porque aquí se vive bien. No es un palacio, pero viven bien», subraya, sin ningún tipo de empatía por la necesidad que ha llevado a los residentes a decir 'sí' a la oferta: «Si no fuese así, se irían».

Dentro, vigiladas con cámaras de seguridad, quedan nueve familias (al menos, dos de ellas con menores; otra con una persona mayor, y varias con mascotas) a las que la vulnerabilidad y las condiciones del mercado obligan a vivir en un edificio que esconde infraviviendas de 12 metros cuadrados.