Ayuso irá al Constitucional contra el plan de declarar «lugar de memoria» su sede de Sol

Ayuso recuerda, en relación con este último tema, que Madrid tuvo durante la guerra civil cientos de checas «y la gente era asesinada por ir a misa o leer el ABC; no habría mármol para tanta placa», expuso. Por eso cree «insensato», dice, ese «intento de utilizar la Real Casa de Correos», que cree además que está dirigido directamente contra ella y «si yo estuviera en otro edificio, lo harían allí».

Supone, considera, «arrogarse competencias que les son impropias» y contamine un espacio que desde hace muchos años «es la casa de todos los madrileños», el lugar donde se siguen masivamente las campanadas de fin de año, y frente al que se realizan muchas manifestaciones de todo signo. «Este clima guerra civil se le está volviendo en contra» a Pedro Sánchez, afirma Ayuso.

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Defiende además que la Real Casa de Correos concentra «una historia de siglos de una potencia cultural, capital de la Hispanidad, de las corrientes artísticas más relevantes, escenario de las obras literarias y de los episodios nacionales más importantes de la Transición, de la movida o de las campanadas de fin de año que tratan de arrebatarnos para enfrentar de nuevo a los españoles unos contra otros».

La Comunidad de Madrid presentó alegaciones a la intención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, por interpretar de forma sesgada la historia, que albergó la Dirección General de Seguridad «durante un periodo ínfimo de su pasado». Entre sus argumentos, expuso «la vulneración de las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico y el ataque a una institución de autogobierno, además de una falta de lealtad institucional por no haber habido comunicación previa a su publicación en el Boletín Oficial del Estado».

Además, recuerda que el inmueble goza de la máxima protección como Bien de Interés Cultural. Por estos motivos, creen que no concurren los requisitos necesarios exigidos por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para llevar a cabo dicha declaración. Las alegaciones planteadas han sido rechazadas por el Ejecutivo central.

Es tajante con la situación actual de España, «que vive su peor momento en democracia». Advierte sobre el desprestigio de los jueces y las dificultades para los periodistas que hacen su trabajo. «Un buen día no habrá institución a quien acudir». A su juicio, «Sánchez sabe que si convoca elecciones va a tener que irse, y por eso da un golpe en el tablero para dejar sin castigo sus actos y para asegurarse la impunidad futura».

En cuanto a la llamada «ley Begoña», lanza una advertencia: la norma que se plantea tendría «graves repercusiones», entre ella que el Gobierno regional «no podrá seguir personado en 28 casos de violencia contra la mujer», ni sería posible personarse, por partidos y asociaciones, en delitos de terrorismo. Esto es así, según un informe de la Consejería de Presidencia, porque la norma no permite presentarse como acusación popular ni a gobiernos regionales ni municipales.

En el caso de Madrid, sólo se presentan como acusación particular -algo que podrían seguir haciendo- en los casos de presuntos pirómanos, porque ha habido un daño económico a los intereses de la Comunidad Autónoma. Para casos de terrorismo o de violencia contra las mujeres, la norma autonómica plantea que se presenten como acusación popular, algo que han hecho ya en 74 ocasiones y que actualmente están haciendo en 28 casos, de los que según el consejero de Presidencia, «quedaríamos excluidos» si la nueva norma estatal se aprobase.

Afecta además, dice, a casos que investigan ahora delitos del entorno cercano del presidente Sánchez, indica, «cambiando las reglas para amnistiarse a sí mismo». Por este motivo, Díaz Ayuso está dispuesta a «dar todas las batallas posibles para que este atropello contra el Estado Derecho no culmine. No se trata de una disputa entre políticos, no se trata de lo que ellos pretenden, se trata simplemente de dinamitar este Estado de Derecho robusto que nos hemos dado y que nos pertenece a todos los españoles», concluyó.