Ayuso dará la batalla a Sánchez desde Madrid en tres frentes económicos

En la Comunidad de Madrid ven varios frentes abiertos. Uno de ellos es el de la financiación autonómica, cuyo sistema caducó en 2014 y que podría reactivarse por fin esta legislatura. Desde el Gobierno regional rechazarán de plano que haya una negociación bilateral entre el Ejecutivo de Sánchez, si finalmente sale adelante la investidura del candidato socialista, con la Generalitat de Cataluña. Madrid exige que el nuevo sistema se negocie de forma multilateral, entre todas las regiones y sin privilegios. Desde esta Comunidad se defenderá que se tenga en cuenta el criterio de población, para que Madrid no salga perdiendo una vez más, y el principio de ordinalidad, como incentivo para las regiones que crecen y recaudan más.

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Ayuso se hará escuchar para evitar que haya una financiación a la carta para algunas comunidades, como Cataluña, con privilegios específicos: «Vamos a levantar la voz, tiene que ser una negociación entre todos».

La 'guerra fiscal' enfrenta de manera directa al Gobierno en funciones de Sánchez con el de Ayuso en Madrid, y todo indica que puede recrudecerse si el PSOE consigue en las próximas semanas los votos suficientes para seguir en el poder. En febrero, el Gobierno de Ayuso recurrió ante el Tribunal Constitucional el impuesto, supuestamente 'temporal', creado por el Ejecutivo nacional contra las grandes fortunas , al entender que se produce una «invasión de competencias». El TC, que se negó a suspender su entrada en vigor de manera cautelar, podría resolverlo antes de fin de año. Este mes de septiembre presentó un segundo recurso, en este caso ante la Audiencia Nacional.

En el Gobierno de Ayuso siempre han interpretado ese nuevo impuesto creado por Sánchez como un intento de castigar a Madrid. Lo llaman 'impuesto de Patrimonio 2.0' y recuerdan que de los 660 millones que se han recaudado, muy por debajo de los 1.500 que se esperaban, el 90 por ciento se ha centrado en Madrid, al patrimonio de madrileños.

«Es un impuesto que está castigando a Madrid y eso nunca es bueno para España, porque Madrid es su motor económico. Si Madrid para, se para España», avisan fuentes autonómicas, que hacen una valoración «francamente negativa» y sospechan que el impuesto, lejos de ser temporal, llega para quedarse si Sánchez continúa en el poder. En la Comunidad de Madrid denuncian que se produce un «efecto de expulsión y falta de atracción de inversiones y llegada de patrimonio, y ello con una recaudación mínima». «Tiene un efecto perverso brutal», sentencian.

De momento lo dicen con la boca pequeña, apenas es un susurro, pero en la Comunidad temen incluso que en un futuro cercano, siempre que continúe Sánchez en el poder, se generen nuevos impuestos para contrarrestar las bajadas fiscales efectuadas en Madrid, para frenar su atractivo en relación con otras regiones. En la Comunidad se subraya que en España hay autonomía financiera, recogida en el artículo 156.1 de la Constitución. «Si no quieren que las comunidades tengamos autonomía fiscal, que lo digan, y si no, que respeten la Constitución»,

Ayuso va a mantener su política de rebajas fiscales, a pesar de los ataques recibidos desde el PSOE. En su programa electoral incluyó una rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF. Esa nueva bajada, que completaría la que se produjo en 2022, no se aplicará el año que viene. En los planes de la Consejería de Economía está llevarla a la práctica en 2025, si las circunstancias lo permiten.

El Gobierno de Ayuso va a vigilar muy de cerca el posible trato de favor del Ejecutivo nacional a los nacionalistas catalanes. La incertidumbre que produciría un Ejecutivo nacional inestable y en manos de grupos minoritarios radicales, que Ayuso describió como «minorías rabiosas antiespañolas», afecta de manera directa a Madrid y a su desarrollo, advierten. La Comunidad estará atenta a posibles privilegios como sería una condonación de deuda. «Hablan de 70.000 millones. Sería una muy mala señal para las comunidades que nos esforzamos y cumplimos nuestros compromisos presupuestarios. Esperamos que no se tome esa decisión», avisan.