Ayuso no da ni cien horas de gracia al nuevo Gobierno de Sánchez: pone deberes por carta a Hacienda y Sanidad

Por un lado, la consejera Rocío Albert ha enviado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que repite en el cargo y este miércoles se sentaba en el primer consejo de ministros del nuevo Gobierno central, una carta en la que le expresa su «gran preocupación por la deriva económica y financiera que enfrentamos en los próximos meses y años», dado el contenido de los pactos de investidura firmados con varios partidos. Estima la consejera que allí se han acordado «asuntos de tal complejidad que deben ser abordados» de forma urgente «en el consejo de política fiscal y financiera», que preside la propia Montero.

Le recuerda que el cambio en la financiación autonómica, que tantas veces han reclamado Madrid y otras autonomías, no se puede hacer bilateralmente: «No podemos comprender ni permitir que esta reforma se lleve a adelante por la puerta de atrás, de manera unilateral y sin contar con las propias comunidades autónomas». Por eso pide la convocatoria urgente de la reunión «porque de nada serviría que este encuentro se produzca una vez ejecutados los cambios, quebrado el sistema de financiación actual como conocemos y sin ningún margen de acuerdo con las comunidades autónomas».

No es este el único reclamo que le hace Albert a la ministra de Hacienda: también le recuerda que «hemos tenido que elaborar los presupuestos de 2024 completamente a ciegas, sin conocer los importes provisionales de las entregas a cuenta ni sobre el techo de gasto».

Por otra parte, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha enviado también una carta a la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le solicita varias reformas que, según señala, no se han llevado a cabo porque «el Ministerio de Sanidad ha hecho dejación de funciones» en los últimos años.

En primer lugar, Matute le reclama a la ministra Mónica García que convoque el Consejo Interterritorial de Sanidad, para abordar la falta de profesionales. Le recuerda además que «se tarda una media de 10 años» en formarlos, desde el momento en el que comienzan su aprendizaje en la Universidad. Esta situación afecta sobre todo, recuerda, a médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, pero también a geriatras, psiquiatras, psicólogos clínicos y personal de Enfermería.

También le pide la consejera que creen más plazas y que se acrediten un mayor número de centros de formación que permitan contar con más tutores, así como que se revise la formación de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, que lleva parada desde 2018. «También necesitamos que se impulse la convalidación de los títulos de los profesionales extracomunitarios que cuentan con demoras de hasta 5 años», recuerda.

Otra de sus reivindicaciones tiene que ver con la Comisión Interministerial del Precio de los Medicamentos: «No es tolerable -señala en su misiva- que el Ministerio de Sanidad tarde más de 600 días en autorizar el acceso a nuevos tratamientos farmacológicos, muchos de ellos oncológicos, cuando la recomendación de la Unión Europea es que este plazo no supere los 180».

La situación es aún peor en el caso de los llamados 'medicamentos huérfanos', para casos muy específicos, donde la situación se agrava hasta los 785 días de media para su autorización, «causando un grave perjuicio a los pacientes que los esperan, pero también a los propios hospitales que han puesto en marcha ensayos clínicos».

Matute instruye en su carta a la ministra sobre las reformas que a su juicio deberían emprenderse desde el Ministerio de Sanidad de forma urgente para garantizar la mejor asistencia, acceso universal y equidad del sistema de salud. «Reformas que hemos exigido desde la Comunidad de Madrid en los últimos años y que no se han llevado a cabo», ha lamentado.

Para finalizar, le pide que actúe «dejando de lado cualquier sesgo ideológico y pensando solamente en los pacientes y los profesionales» porque sólo así «se podrá avanzar y dar solución a todas estas cuestiones».