El Ayuntamiento de Madrid pide 9 y 11 años de prisión a Medina y Luceño por el caso mascarillas

La representación jurídica del ayuntamiento ha difundido su escrito de acusación un par de semanas después de que el juez del caso, Adolfo Carretero, concluyera la investigación. Este viernes, abierto el plazo de presentación de las conclusiones provisionales de cara a la celebración del juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 9 y 15 años de prisión para Medina y Luceño por los delitos de estafa y falsedad en los contratos de compraventa de mascarillas.

El consistorio madrileño, por su parte, imputa a Luceño un delito continuado de estafa agravada; un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular; y un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular. A Medina le acusa de los dos últimos ilícitos penales. Según consta en el escrito, ambos socios deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (SFM) con 7,9 millones de euros. La diferencia entre la acusación de la Fiscalía y el ayuntamiento radica en el delito contra la Hacienda Pública asignado a Medina por Anticorrupción y que eleva la petición de pena a los 15 años de cárcel.

En marzo de 2020, Medina, hijo del Duque de Feria, y su socio Luceño, contactaron con el Ayuntamiento de Madrid para vender material sanitario, «ocultando de manera intencionada que su actuación incluía en realidad el cobro de pingües comisiones mediante la integración de estas en el precio de los productos vendidos», según la acusación municipal. Era un plan preconcebido por los acusados que «consistió en incluir en el precio de los contratos el importe de las comisiones que consideraron pertinentes por su actuación», unas cantidades «leoninas» y «fuera de cualquier estándar de mercado», precisa el escrito.

Los comisionistas fingieron además que su «actitud era altruista y gratuita» y, «sabedores de la necesidad apremiante de suministro de material de protección, así como de la imposibilidad de satisfacer comisiones por parte de la administración, ocultaron deliberadamente al ayuntamiento dichas comisiones, llevándola a realizar un acto de disposición patrimonial en su perjuicio que no habría hecho de haberlo conocido», añade la acusación.