Asedio policial a las casas ilegales en el paraje natural de la Vega del Tajuña

Un total de 37 personas están siendo investigadas por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo en los términos municipales de Titulcia, Chinchón y Morata de Tajuña. A la investigación, iniciada tras el requerimiento por parte de la Fiscalía General del Estado al Uprona para la elaboración de un informe sobre la enquistada situación, se le sumaron en enero de 2022 sendos requerimientos de las Fiscalías de Área de Alcalá de Henares y Getafe para la inspección de este tipo de construcciones en varias localidades pertenecientes a sus ámbitos de competencia.

Así, los agentes se centraron en la recopilación de todas las supuestas infracciones, entrevistándose con los ayuntamientos afectados, además de pedir la colaboración de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid para poder investigar las casas levantadas en los últimos cinco años, el plazo establecido para la prescripción de estos delitos. Tras ello, el siguiente paso fue realizar un profundo estudio documental de la protección y catalogación de los suelos, así como la normativa de los distintos pueblos afectados y el análisis de ortofotografías de las zonas correspondientes a vuelos llevados a cabo en diferentes años.

Durante las inspecciones oculares, se descubrieron vertidos de aguas residuales en parcelas agrícolas cercanas a las construidas. La dificultad, no obstante, radicó también en la localización e identificación de los propietarios reales, al tratarse de edificaciones ubicadas en terrenos que previamente se habían parcelado de forma ilegal mediante escrituras de compraventa entre particulares; un procedimiento prohibido en suelo no urbanizable como el de la Vega del Tajuña.

En la última década, el progresivo desmantelamiento de la Cañada Real motivó el traslado prematuro de algunos de sus clanes, lo que se tradujo en amenazas de muerte, denuncias cruzadas y hasta exhibición de armas blancas y de fuego con agricultores asentados en la zona. A ello se unió el más reciente desembarco de familias de origen sudamericano y de Europa del Este, que, quién sabe si engañadas, compraron supuestos suelos urbanizables a precios muy asequibles. Pero nada más lejos de la realidad.

Para entonces, el Ayuntamiento de Morata de Tajuña había abierto 41 expedientes por este motivo. Si en 2020, se impusieron multas por más de 20.000 euros, solo en los primeros ocho meses de 2021 se habían recaudado 48.783 euros. En líneas generales, el objetivo de prohibir nuevas construcciones en suelos protegidos no es otro que la preservación de la naturaleza, por lo que solo se permite la apertura de instalaciones ligadas a la práctica de una actividad legal. Con todo, y dada la superficie de hectáreas más importante de la Vega, Chinchón es el municipio más afectado: de hecho, se le llegó a apodar la 'nueva Cañada'.