La Guardia Civil detecta que clanes de la Cañada se mudan a Chinchón

La Guardia Civil lleva unos seis meses trabajando en la zona y, con la colaboración de las policías locales de los dos municipios afectados, además de la de Aranjuez, ha conseguido neutralizar el crecimiento del nuevo asentamiento. De hecho, fue el Seprona el que a principios de verano denunció ante la Comunidad de Madrid, Chinchón y Morata la existencia de estas construcciones en suelo rústico, algo ilegal. Los ayuntamientos ya han paralizado y precintado algunas de estas obras.

El historial de estos «nuevos vecinos» es como para no pensarse una actuación rápida que ataje el problema. Presuntamente, se trata de gente como Tomás Fernández Fernández, que compró la parcela 1 e intentó lo mismo con la 3, aunque no lo consiguió. También se encuentra Luis Eduardo Saavedra, supuestamente del clan de «Los Gordos», el más importante de la Cañada Real Galiana. Este individuo cuenta, entre otros, con antecedentes policiales por tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, atentado a agente de la autoridad y desobediencia. Su finca, la número 5, cuenta con un sistema de videovigilancia que graba la zona exterior, algo totalmente prohibido por la Ley de Protección de Datos y que ya ha sido denunciado.

Luis Eduardo Saavedra ha comentado en alguna ocasión que se gastó 120.000 euros en su terreno y otros 160.000 en las mejoras y construcción de la vivienda. Casi todas ellas cuentan con piscinas y tampoco, como hecho curioso, les falta su correspondiente caseta para el perro. Las parcelas 7, 8, 9 y 10 están presuntamente en manos de Alejandro, José y Cristian Fernández Fernández, así como de Antonio Fernández Bruno, emparentado con el clan al que da nombre su segundo apellido.

En el asentamiento hay también al menos dos casas prefabricadas, una de ellas adquiridas por un ucraniano que tiene otra vivienda allí tras pagar 27.000 euros, según precisaron a este periódico fuentes del caso. Las parcelas 13 y 14, una de ellas bautizada como «La Calesa», son de Francisco García Camarero y José Giraldo González, con domicilio conocido en Valdemingómez.

Otro de los «inversores» en el ladrillo ilegal es Julián Contreras Martín, alias «El Yepero», que ha comprado su solar en el kilómetro 8 de la M-313, junto a la M-302. Hay casos bastante elocuentes del nivel de vida que manejan estas personas. Miguel Ángel Pintado y María Antonia Saavedra habrían adquirido un chalé en el casco urbano de Morata de tajuña por 300.000 euros. Pagados billete a billete, en mano. No saben lo que es una hipoteca, ni les interesa. También llaman la atención los vehículos que se ven por esas parcelas, de marcas de alto nivel como Audi, BMW y Mercedes, precisan nuestras fuentes.

Y otro dato curioso: miembros del clan de los Saavedra se reúnen un día sí y otro también en un bar de Morata, en el que gastan grandes cantidades de dinero en comilonas y bebidas. Por todo lo alto. Pero lo que también preocupó a la Comandancia de la Guardia Civil, que ha puesto a trabajar a su Jefatura de Policía Judicial, a la de Información y a las Unidades de Seguridad Ciudadana (Useci), fue la presencia de otros miembros de estos grupos de narcotraficantes en la zona.

Uno de ellos es Carlos Fernández Bruno, domiciliado curiosamente en el número 44 del Vertedero de Valdemingómez; pero, sobre todo, la de Antonio Partido García. Este individuo fue detenido tras el asesinato del alunicero conocido como «El Pimiento», en Paracuellos del Jarama, en diciembre de 2008. Finalmente, fue absuelto hace unos meses de este ajuste de cuentas por la Audiencia Provincial de Madrid. El suelo donde se levantan estas viviendas ilegales es de categoría rústica, lo que implica que sólo se podrían construir cobertizos, casetas para aparejos y similares.

El plan de choque policial es continuo, aunque se desconoce si el nuevo asentamiento tiene como finalidad una inversión económica de estas familias de la droga, y de camino blanquear los pingües beneficios de sus «negocios»; o si realmente, debido a la presión ejercida en el tramo más conflictivo de Cañada Real, están buscando un nuevo lugar donde asentarse, a 50 kilómetros de la Puerta del Sol. Aunque las investigaciones policiales continúan, y a buen ritmo, por ahora no parece que la pretensión de estos conocidos clanes sea trasladar allí un supermercado de la droga. Y por una razón bien sencilla: esta mencionada distancia geográfica de la capital, que dificultaría muchísimo el traslado de sus clientes toxicómanos a los nuevos puntos de venta.

Los índices de delincuencia en esa área rural tampoco han sufrido un incremento, al igual que la tasa de escolarización en ambos municipios afectados. Ello indica que el escudo policial en el ámbito está dando sus resultados y que el problema ha sido detectado a tiempo.