Almeida terminará su mandato con una reducción de la deuda de 1.083 millones

En términos relativos, el consistorio ha reducido un 37,6% el endeudamiento respecto al volumen de deuda viva, aquella procedente de los préstamos a largo plazo. La ratio de deuda viva ha pasado del 60,6% en 2018 al 37,5% en 2022, según los datos que maneja el Área de Hacienda y Personal. «En una legislatura muy complicada por el Covid, Filomena, la sentencia del Constitucional modificando el impuesto de plusvalía o más recientemente la guerra de Ucrania, hemos sido capaces de seguir reduciendo deuda, sin renunciar a incrementar el gasto social o adoptar medidas fiscales que han supuesto un ahorro a los madrileños de 600 millones en estos cuatro años. Todo ello sin recibir ayuda del Gobierno central, convirtiendo a los ayuntamientos en los grandes olvidados del Gobierno de [Pedro] Sánchez», señala la delegada del ramo, Engracia Hidalgo (PP).

Algunas de estas circunstancias han costado a las arcas municipales millones, como los 365 millones que ha tenido que devolver el ayuntamiento tras esa sentencia del Tribunal Constitucional. Con todo, desde el Gobierno sacan pecho de que la reducción de deuda es compatible con el incremento del gasto. La semana pasada, la concejal Hidalgo presentó el informe de ejecución presupuestaria de 2022, con 5.468 millones ejecutados, rebasando la barrera del 90% del gasto presupuestado, un 32% más que en 2018, último año del mandato de Manuela Carmena.

Las cuentas municipales protagonizaron ayer uno de los debates del pleno, en el que los grupos municipales pidieron explicaciones a Almeida por los planes para abordar los proyectos comprometidos ante la prórroga presupuestaria. «Se ha efectuado un minucioso análisis del presupuesto prorrogado, partida a partida, para poder destinarlo de la forma más eficiente a los ciudadanos», informó la edil Hidalgo. El ayuntamiento trabaja en modificaciones presupuestarias para salvar las inversiones en el aire, como las subvenciones a entidades sociales.

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La oposición también criticó otras cuestiones, como las incidencias con el cobro del IBI; el pleno acordó cesar a la directora de la Agencia Tributaria por este motivo, con los votos a favor de Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto y la abstención de Vox. Una decisión sin el respaldo del Gobierno de PP y Ciudadanos y, por tanto, no ejecutiva.