Vivir entre okupas: «Esto es una ciudad sin ley; un calvario»

«Lo peor es que no puedo marcharme. Aboné 72.000 euros y me quedan 140.000 por pagar los próximos 26 años [se le quiebra la voz]. He tocado muchas puertas, he hablado con el Ayuntamiento anterior y con este, sin resultados. La dejación de unos y otros está convirtiendo mi vida en un infierno» , relata Ramón. Tiene miedo. Por eso no quiere que se facilite su dirección. «Me amenazaron hace tres años con ir a por mí si hablo», asevera, resignado. Asegura que su edificio es la nave nodriza de las mafias okupas de su barrio: «En cuanto un piso se queda vacío, se adueñan de él».

Si por la mañana se produce un alzamiento, por la tarde apalancan la puerta antidesahucios que instala el juzgado y cambian la interior. Antes de irse, estas redes ya tienen el piso apalabrado . Pagan dos mil o tres mil euros por «la entrega de llaves», indica con ironía Ramón. Una vez dentro, resulta difícil demostrar que acaban de usurparlo. Es lo que le dice la Policía. En los últimos cuatro, años ha visto tres desalojos por piso: «Los que llevan las riendas de este ilícito negocio son gitanos de la Cañada Real. Al menos, es lo que proclaman ellos. Han venido en varias oleadas. Ahora, hay miembros de tres familias con 28 personas en total, la mitad, niños».

Hace dos años, pared con pared, tuvo un narcopiso. «Aquí he visto de todo. Un tiroteo, peleas, el portal ensangrentado porque uno le arrancó a otro la oreja de un mordisco...».

Ramón, que compró el piso de vivienda libre porque estaba cerca de su trabajo, explica que su calvario comenzó al quebrar la inmobiliaria, cuatro años después de la entrega de llaves. Fue en 2014. Entonces se hizo cargo la financiera Servihabitat, de CaixaBank, a la que acusa de «despreocuparse». Se produjo un descontrol en los alquileres, que al subir, provocó el éxodo de los residentes. Y comenzaron las okupaciones, narra. «Llevo tiempo tratando de contactar con Gestin Sap, la entidad subcontratada para gestionar la finca, sin éxito», lamenta. «Solo vino un representante de la propiedad tras los disparos de un okupa a otro. Dejó un teléfono y un correo electrónico que ya no existe», agrega.

Solo tiene comunicación con el administrador. Cada vez que este sufrido inquilino intenta contactar con los gestores o los dueños , obtiene la callada por respuesta. «Creen que con denunciar las okupaciones y pagar los gastos de la comunidad de los morosos se solucionan los problemas. No es así. Es un suma y sigue porque la historia se repite con el peliagudo problema de la convivencia».

Ante el muro con el que se topa, relata que ha escrito a la empresa para que conozca cuál es la realidad que soporta. ¿El resultado? Le han incluido en la base de datos y le envían publicidad. Este hombre, dedicado a la docencia, se desespera cuando escucha gritos y no sabe de dónde proceden para llamar a la Policía o o ve que los «inquilinos» causan destrozos porque sí. Han estado un mes sin luz en la escalera porque han roto el temporizador; han robado los aparatos de aire acondicionado; entraron en su casa cuando se fue de vacaciones para «okupar» otra desde ahí...

Ramón habla como para sí mismo: «He tenido que aprender a ceder, a negociar para que la convivencia no empeore, a hacerme respetar, y todo ello a base de tacto y de paciencia ; recurriendo a la figura del que parece más sensato». Repite el mensaje que le lanza como un mantra: «Soy un currito, mi casa me cuesta mucho dinero y me duele ver las puertas o cerraduras reventadas, basura y comida por el suelo...».

Reconoce que el edificio se mantiene, mal que bien, porque está él dentro, aunque le gustaría marcharse, pero no puede por la hipoteca que le encadena como una condena.

«A veces, trato de resignarme. Me digo a mí mismo que es lo que me ha tocado, pero es duro. Aunque busque vías de escape como salir por ahí, siempre temo que al regresar hayan okupado mi casa», recalca este hombre. «Esto es una ciudad sin ley, un infierno. Yo solo quiero una solución. Poder hablar con los dueños. Si quieren vender el piso a un fondo buitre que lo hagan. Necesito salir de aquí».

En Usera los okupas se concentran en el barrio de Almendrales. «Son pisos antiguos del Ministerio de la Vivienda. La crisis hizo que algunos pasaran a ser propiedad de los bancos. Hay un bloque entero usurpado que controla una familia gitana», indican dos vecinas. «Si tú quieres un piso, por 600 euros te busca uno el que controla», explica Paloma.

Hay ventanas tapiadas y otras sin cristales abiertas de par en par. «En una casa intentaron colarse tres veces. En otra, lo consiguieron subiendo por las tuberías », narra Flor. Trapichean con drogas, tiran la basura por la ventana, acumulan neumáticos, bajan sofás y sillas a la calle, hacen barbacoas... «Muchos vecinos se han marchado porque no lo aguantan. Llevamos así 5 o 6 años. Las autoridades deberían hacer algo. ¡Es una pena!».