Último intento de la legislatura para la reforma del Estatuto de Madrid

El Estatuto de Madrid acaba de cumplir 35 años . Desde que comenzó el mandato, se intentó trabajar en su modificación, para adaptarlo a exigencias de regeneración democrática como los aforamientos. Pero ninguno de los intentos ha fructificado hasta ahora.

El Grupo Parlamentario Socialista lo quiso activar al inicio del mandato, con un texto que recogía peticiones con las que básicamente están de acuerdo todos los partidos, pero incluyendo además el reconocimiento en el texto estatutario de derechos fundamentales como una renta básica, la educación o la lucha contra la violencia de género. Eso abrió una brecha con el Partido Popular.

Posteriormente , fue Ciudadanos quien quiso tomar un atajo , dada la complejidad de alcanzar un acuerdo entre el grueso de las fuerzas políticas. La reforma del Estatuto requiere del acuerdo de una mayoría cualificada de la Cámara, no le vale con la mitad mas uno de los votos.

De ahí que la formación naranja, a través de su portavoz Ignacio Aguado, intentara una fórmula más «light»: una reforma exprés que sólo afectaría a los aforamientos. No lo consiguió: PP y PSOE la tumbaron , y con Podemos ni si tan siquiera contaron .

Ahora, es el Partido Popular el que arranca de nuevo con el proceso: se ha creado la ponencia en la que se tendrá que debatir el contenido de esa reforma. En este caso, lo que se pretende incluir en el Estatuto es el «paquete clásico» de peticiones: el fin de los aforamientos de los diputados, la limitación de mandatos de los políticos, la reducción del número de diputados en la Cámara madrileña, las listas abiertas, el estudio de circunscripciones electorales, y también el establecer una serie de incompatibilidades, entre ellas evitar que un alcalde pueda ser también y al mismo tiempo un diputado regional.

Pero en la actualidad, entrado ya el mes de octubre, apenas queda tiempo para tramitar una modificación que probablemente presente muchos matices entre las fuerzas políticas. De hecho, la actividad en la Asamblea apenas llegará hasta mediados de diciembre, y posteriormente, tras el parón navideño, funcionará tal vez hasta marzo, antes de que los grupos de común acuerdo decidan no continuar por la cercanía del periodo electoral.

Precisamente este año, en marzo, se conmemoró el 35 aniversario del Estatuto. Se hizo entonces una declaración institucional mediante la cual los parlamentarios regionales se comprometieron a llevar adelante reformas para garantizar los derechos de los madrileños.

En dicha declaración, se señalaba que la configuración de Madrid como Comunidad Autónoma, en el marco del nuevo modelo territorial diseñado por la Constitución Española de 1978, significó «la apertura de un sistema de autogobierno que ha propiciado las condiciones para abordar el desarrollo político, económico y social» de la región. Asimismo, se establecía la plena vigencia de la norma y «vigente su aspiración de hacer realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos los madrileños».

Y por ello, reivindicaban una Comunidad que siga luchando «decididamente» para «consolidar» los derechos y libertades fundamentales, generar empleo, mejorar la calidad de los servicios públicos, avanzar en el reequilibrio territorial, la regeneración democrática y la lucha eficaz contra la corrupción, entre otras medidas.

Para avanzar en todo esto, los grupos políticos de la Cámara madrileña se comprometían a «acometer tantas reformas institucionales como sean necesarias» incluidas aquellas que afecten al Estatuto de Autonomía y toda la normativa vigente.

Asimismo, acordaron que desde el «respeto» a sus diferentes posiciones ideológicas, reafirman en este 35º aniversario, su compromiso de seguir avanzando para construir un Madrid «mejor, más justo, más equilibrado, más sostenible, tanto económica como socialmente».