Los titiriteros: «Nos hemos sentido muy apoyados por gran parte de la sociedad»

Los titiriteros están acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio, por lo que se les ha retirado el pasaporte, para que no puedan salir del país, y deben firmar a diario en dependencias judiciales o policiales. Sus abogados preparan ya los recursos de apelación ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, contra esas medidas cautelares.

Asimismo, según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento de Madrid sí que firmó un contrato con la compañía de los actores, Títeres desde abajo, a través de la empresa municipal Madrid Destino. Este ente público depende directamente de la controvertida concejal de Cultura , Celia Mayer , quien, sin embargo, no puso interés en conocer el libreto. Delegó en el programador del Carnaval, Ramón Ferrer Prada, al que destituyó al saltar la polémica. Mientras, Mayer, lejos de asumir sus responsabilidades políticas, se enroca en el cargo, utilizando argumentos de la «vieja política» que tanto dice que rechaza.

Además, los titiriteros no han llegado a cobrar los mil euros por cada una de las dos funciones programadas, de las que solo se celebró una, con el resultado ya conocido. También desmintieron lo publicado por algunos medios: que pertenecieran a la Cruz Ne gra , un grupo anarquista que visitaba a terroristas en prisión.