Sin contrato legal y con riesgo estructural: la vida de los 250 okupas del palacio del centro de Madrid

A las 9.40, los agentes y un técnico municipal llamaron a su puerta. «¿Se quieren ir voluntariamente ?», les preguntaron. «No, no tenemos a donde», contestaron ellos al unísono. Entre finales de febrero y principios de marzo, ambos perdieron su trabajo como camareros. «Podemos pagar un alquiler social de 300 euros, pero no quedarnos en la calle en plena pandemia con un niño de dos años. Eso es lo que nos da miedo», explica Eduard.

Cuentan que hace un mes se reunieron con el Ayuntamiento y que la alternativa que les ofrecieron fue compartir piso con una persona desconocida . «Dijimos que no por el niño, no nos fiamos», afirman. Si no aceptan el desalojo voluntario, el Ayuntamiento denunciará y comenzará la vía judicial , que se puede demorar años. «Eso nos da un margen para buscar algo, al menos conseguir trabajo. Todo este tiempo hemos buscado, pero a la gente la están despidiendo. Nos enfrentaremos al proceso judicial . Mejor eso que en la calle», zanja ella.

La madre de Carla está en la misma situación, pero ella –asegura– tiene contrato de alquiler. El Consistorio, por su parte, niega este extremo: no hay ningún vecino con un contrato legal . Como su hija y su yerno, Ketty embaló el lunes por la noche todas las pertenencias por miedo a que ayer los expulsaran. Hasta enrolló el edredón y las mantas que antes calentaba su cama. «Cuando me enteré de que este proceso estaba en marcha, contraté a un abogado . No nos pueden echar así», manifiesta. Pensaba que el Ayuntamiento los reubicaría, algo que hasta ahora no ha sucedido. «No nos vamos a ir si no hay una alternativa . Que nos den alguna ayuda », solicita. Vive con sus otros dos hijos, uno de ellos de diez años.

Al tiempo que la Policía iba puerta por puerta, en la vía pública se concentraba la gente . Las asociaciones por la vivienda ya habían anunciado una convocatoria para las 9. «Vergüenza me daría desahuciar a una familia», coreaba el medio centenar de personas que se dieron cita en esta calle del barrio de Universidad . Las dos sentadas que intentaron realizar fueron levantadas por la Policía para que no cortasen la calle, abierta al tráfico rodado. Los vecinos también salieron a la vía pública, muchos de ellos con pancartas dirigidas al alcalde. «Señor Almeida, no nos deje sin techo», se pudo leer en ellas.

Dentro, seguían las notificaciones . El Ayuntamiento, además del escenario de okupación, señala como motivo del desalojo el deterioro del inmueble, que se encuentra apuntalado por riesgo estructural , aunque no de derrumbe inminente. Soraya oía los cánticos desde su salón cuando la Policía golpeó a su puerta. «Llevó aquí desde 2017 y hasta el año pasado pagaba agua y luz. Ahora, nada. Tengo trabajo, pero estoy de baja y no percibo ingresos . No puedo irme a otro sitio», afirma.

«Parte de mis ahorros los destino a ayudar a mi madre, que es mayor y vive en Ecuador. Lo que tengo no me llega para alquilar una vivienda, las inmobiliarias piden mucho dinero y no puedo pagarlo », continúa la moradora, que no es al primer desahucio al que se enfrenta. En 2017, la echaron de su casa de Vallecas por no hacer frente a los pagos. «Me quedé sin trabajo, tuve que irme dos noches a vivir debajo del Puente de Vallecas . No quiero que me vuelva a pasar eso», recuerda. Dice que ha solicitado ayuda a los Servicios Sociales y se la han denegado: «Que nos den un plazo de un año para poder buscar algo. Si tenemos que luchar por vía judicial, lo haremos».

Otra de las residentes es Julia. Hija de los antiguos porteros, lleva casi setenta años en el edificio. «Pedí una vivienda digna y los Servicios Sociales me ofrecieron irme a una residencia. No quiero eso», indica. «Hemos estado tantos años aquí y ahora nos tenemos que ir en plena pandemia... Nadie se niega a pagar un alquiler. Si no nos pueden ofrecer una vivienda social que el Ayuntamiento nos ponga una renta», propone ella, como alternativa.

Lo cierto es que el intento de desalojo no pudo pillar a los vecinos por sorpresa. Los trámites para expropiar el Palacio de la Infanta Carlota comenzaron en el año 2005, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, y culminaron en el 2011 con el realojo de las familias que entonces vivían entre las paredes del histórico inmueble . Todas aceptaron la solución, excepto cuatro. Los demás pisos fueron okupados. Hace un año, el Consistorio comenzó los trámites administrativos para echarlos, estudiaron sus alegaciones pero todo se paralizó por la pandemia, hasta que se retomó con el fin del estado de alarma, notificándoselo de nuevo a los afectados. Piensan que puede haber gente haciendo negocios con los pisos y cobrando alquileres, de manera ilegal.

Una vez se recupere su uso, el Ayuntamiento baraja destinar el espacio a una residencia de mayores , un centro de especialidades o un centro cultural con ludoteca, en función de las carencias de equipamientos del distrito, algo que decidirá la Junta Municipal de Centro, aseguró el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes. Por su parte, desde el Área de Familias señalan que 32 hogares están en estado de vulnerabilidad por presencia de menores, dependientes o nivel de ingresos. A estos se les han ofrecido alternativas a través del Servicio de Asesoramiento de Emergencia Residencial (SAER), declinadas hasta el momento.

Las notificaciones terminaron poco antes de las 10.30. Los vecinos regresaron a sus casas, sin intención de abandonar aquello que consideran hogar. Dentro del Palacio reinará, durante un tiempo, la calma tensa, con las esperanzas puestas en que la Justicia paralice, o al menos retrase, su expulsión.