Salones de juego y apuestas con límites en la región, sin efectivo y 300 metros de distancia entre locales

Las medidas tienen como objetivo principal regular una actividad legal, y evitar que la realicen menores o personas voluntariamente incluidas en el registro de prohibidos . Madrid lleva tiempo en un proceso de modernización de la normativa sobre el juego, que llevó a implantar una suspensión temporal de licencias para nuevos locales en 2019 -que aún no se ha levantado- y a endurecer el régimen de sanciones y otros cambios en la Ley de Juego -dentro de la norma Ómnibus que ahora se tramita en la Asamblea madrileña-, incluidas nuevas inspecciones de accesos y la obligación de un control en las entradas mediante personas físicas, para evitar que se ‘cuelen’ menores.

La nueva norma, que también impone zonas de especial protección donde exista un centro educativo a menos de 100 metros de un salón o local de apuestas, entrará en vigor este mismo mes, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Una de las novedades que aporta el decreto es que fija una distancia mínima de 300 metros entre estos negocios para tener acceso a nuevas autorizaciones de apertura. Estas, en todo caso, no podrán incrementarse en más de un 1 por ciento respecto a las que ya existan a 31 de diciembre del año anterior. Y no se podrá conceder más de un permiso por localidad, salvo en la ciudad de Madrid, donde podrán ser dos máximo.

Además, el decreto de planificación establece unas zonas de especial protección, que serán aquellas en las que exista ya a menos de 100 metros de un centro educativo un establecimiento de apuestas o juego. Según denunciaba la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, sólo en la capital, habría unos 61 locales de apuestas en estas circunstancias.

En estos negocios se verán obligados a reforzar los controles de admisión, para evitar la entrada de menores.

No obstante, en la Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Enrique López , consideran mucho más eficaz el control físico de entrada en los propios establecimientos para este fin. Estos, situados en la puerta del local, ya funcionan hace tiempo en Madrid -región que fue pionera en esta medida -, y se van a mantener porque se han demostrado mucho más útiles a la hora de evitar la entrada de menores o de personas autoexcluidas en estos establecimientos.

Otra de las novedades de la norma es que dentro de estos establecimientos se prohíbe la existencia de cajeros o cualquier sistema que proporcione a sus clientes todo tipo de créditos, préstamos, dinero en efectivo u otra modalidad de asistencia financiera. Se hace como medida de protección a los usuarios, y también para primar un juego responsable y no impulsivo, explican.

El decreto fija instrucciones también para impedir que los menores de edad o las personas inscritas en el Registro de Interdicciones puedan hacer uso de las taquillas de apuestas hípicas. Por otra parte, este tipo de negocios son los que tienen, asegura el Gobierno regional, «los horarios más restrictivos de España».

Para luchar contra los efectos más lesivos del juego y sus adicciones, el Ejecutivo regional aprobó destinar el 0,7 por ciento de la recaudación en impuestos procedentes del juego en políticas de prevención y tratamiento de ludopatías. Esto supone una recaudación anual de unos 1,2 millones de euros.

En la reforma de la Ley del Juego, que se incluye en la norma Ómnibus , se introduce un agravamiento del régimen sancionador para los casos en que se detecten menores dentro de los establecimientos. La multa, en este caso, pasa de ser ‘grave’ a ‘muy grave’, y supondrá hasta 600.000 euros, y la posibilidad del cierre del local si hay reincidencia -dos sanciones muy graves en firme-, además de no renovar la autorización si la reincidencia se da dentro de un plazo de 5 años.

En política de inspecciones, se giran entre 18.000 y 20.000 de ellas al año. En 2020, hubo 168 expedientes iniciados y 252 finalizados. Y hasta el 30 de septiembre de 2021, los expedientes sancionadores iniciados fueron 186 y los terminados, 161. «Es un sector hiperregulado», aseguran en la Consejería de Presidencia y Justicia.

Cosa diferente, advierten, es lo que ocurre con otro asunto: el juego online, cuya regulación es competencia del Estado. Y de poco sirven, recuerdan los responsables madrileños del sector, los 300 metros de distancia entre locales de apuestas, si se puede ir apostando desde el móvil, recuerdan.

En lo que toca a la publicidad, de nuevo la competencia sobre la que aparece en los medios es de la Administración central. No obstante, en la televisión autonómica madrileña, Telemadrid , la publicidad del juego quedó eliminada hace tiempo, por decisión de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea de Madrid. Sí se regulan a nivel regional las promociones que se hacen en el interior de las salas, de manera específica para cada subsector.

El sector del juego tiene un peso considerable en la región: supone para la economía madrileña unos 150 millones de euros anuales en recaudación directa, y entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos.