Revolución en la Policía de Carmena por la eliminación ilegal de los «antidisturbios»

La sentencia, con fecha de 12 de septiembre, considera nula la resolución del Gobierno de Carmena del 6 de abril de 2016 por la que se modificaba la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria del Área de Seguridad. Concretamente, se amortizaban 78 puestos de policías ocupados y se creaban otros tantos, adscribiendo provisionalmente a los ocupantes de los puestos que se amortizan; se cambiaba el destino de 121 agentes; y se modificaba el complemento específico por cambio de turno de 109 vacantes, entre otros términos.

En la práctica, era la supresión de los «antidisturbios» , un anuncio realizado por Ahora Madrid nada más saberse que controlaría el Gobierno municipal. En una primera fase, se eliminó el primer grupo de las UCS y, luego, el segundo. En función del Plan Director de la Policía Municipal, esos agentes pasarían a engrosar las plantillas de las 22 Unidades Integrales (una por distrito, excepto Centro, que se divide en dos). Además, en esa nueva configuración de la estructura del Cuerpo, se creaba la Unidad de Apoyo y Seguridad (UAS), que venía a realizar labores de contención de masas pero sin ser propiamente «antidisturbios» (Carmena sostiene que no tienen competencias de orden público); se trata, más bien, de un refuerzo para los distritos en eventos especiales y multitudinarios.

La razón que esgrimía el Consistorio era doble: acabar con una «policía represiva» y dar más capacidad operativa a los distritos. Esta medida no gustó nada a los sindicatos del gremio , que protagonizaron sonoras protestas, como el escrache al concejal de Seguridad, Javier Barbero, y el director general del Cuerpo, Andrés Serrano, en febrero de 2016.

La razón principal por la que el CSIF interpuso el recurso ahora resuelto a su favor era que no se había tenido en cuenta a los representantes de los trabajadores en todas estas modificaciones. Y así lo considera ahora el magistrado: debería haberse llevado a cabo una negociación colectiva al respecto. Desde el Área de Seguridad y Emergencias consideraban ayer que, aunque estaban estudiando el fallo judicial, «básicamente se trata de un conflicto laboral». «Existe una discrepancia sobre qué modificaciones de personal tienen asociadas obligatoriamente negociaciones con sindicatos y cuáles no», añadieron. Se espera que el Consistorio se manifieste hoy más detalladamente sobre el asunto y recurra en apelación.

El CSIF considera que la sentencia implica la vuelta al escenario anterior a abril de 2016; es decir, a la restitución de las UCS y de los 300 agentes que las conformaban. El Ayuntamiento mantiene su actitud de no recuperar a los «antidisturbios».