El juez suprime la orden de Carmena de desmantelar sus «antidisturbios»

Nada más llegar al poder, en junio de 2015, Ahora Madrid anunció el desmantelamiento de los dos grupos que conformaban las UCS. Lo hizo de manera escalonada: primero una de ellas y luego la segunda, un total de 300 agentes , que pasarían a engrosar en su mayor parte la plantilla de los distritos.

Tras la puesta en marcha del Plan Director del Cuerpo, el año pasado, se creó la Unidad de Apoyo a la Seguridad ( UAS ), que solo en una parte venía a sustituir la labor de las UCS. Sin embargo, por ejemplo, el Consistorio prometió que sus agentes no intervendrían en más desahucios, pese a que esa orden depende del juez de turno.

Una de las razones para eliminar las UCS ofrecidas por el Ayuntamiento era que se pretendía dotar de más personal, y por tanto reforzar, el trabajo de las 22 Unidades Integrales de Distritos (Centro cuenta con dos) y conseguir una « Policía Municipal menos represiva ». Sin embargo, la decisión fue todo un escándalo tanto a nivel interno como sindical.

De hecho, fue el CSIF quien llevó el asunto a los tribunales. Ahora, según informa este sindicato, el mencionado juzgado ha anulado la resolución del 6 de abril de 2016 «en virtud de la cual se modificó la relación de puestos de trabajo de la Policía Municipal y que significó la desaparición de las Unidades Centrales de Seguridad». El Ayuntamiento tiene 15 días para recurrir.

Según el sindicato, esta sentencia va un paso más allá de las dos dictadas por por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 12 y 18 el pasado mes de junio, que, también a instancias de CSIF, anularon las resoluciones por las que se desmantelaron las UCS.

La de ahora, insisten, anula la modificación de la RPT efectuada por el Ayuntamiento, lo que obligaría a rehabilitar las unidades desmanteladas y a devolver a los agentes a dichas unidades.

Fuentes del Área de Seguridad han indicado a ABC que se encuentran «estudiando la sentencia». «Básicamente -añaden-, es un conflicto laboral. Se trata de una discrepancia sobre qué modificaciones de personal tienen asociadas obligatoriamente negociaciones con sindicatos y cuáles no».