La prostitución en Marconi se reduce a la mitad desde que se multa a los clientes

Esta, en su artículo 36.11 penaliza como falta grave solicitar y disfrutar de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público, cerca de viviendas o en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores (parques infantiles, colegios, guarderías), o en zonas que puedan generar un riesgo para la seguridad vial .

Así lo han explicado hoy el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez , y la Delegada del Gobierno , Concepción Dancausa, tras la reunión que mantuvieron con la Asociación de Vecinos Resina-Marconi para evaluar la situación y ver cuáles son lo puntos más conflictivos. «En el binonomio prostitución-menores estos no tienen que salir perjudicados», ha aseverado Martínez.

Las multas, que han tenido un efecto disuario, oscilan entre los 600 y los 30.000 euros, en función de su gravedad , y se graduan en función de los recursos económicos, reservándose las más altas para los casos de reincidencia, persistencia en la demanda tras ser apercibidos y desobediencia a las Fuerzas de Seguridad, ha indicado el secretario de Estado.

Desde finales de julio, además de las 300 denuncias a clientes, que se han traducido ya en 240 expedientes sancionadores , ninguno de ellos a meretrices, ha matizado el responsable de Interior, ya que en general ellas son víctimas de la trata, se ha reducido a la mitad la presencia de estas mujeres, que se han alejado de la zona de viviendas, ha precisado Dancausa.

No obstante, las prostitutas sí podrían ser denunciadas también en caso de que realicen actos de exhibicionismo, actos obscenos o ejerzan en zonas prohibidas con multas de entre los 100 y los 600 euros.

«La labor de la Policía Nacional ha mejorado notablemente la situación , pero los vecinos nos han manifestado que se intensifique y así lo vamos a hacer», ha indicado la delegada del Gobierno. Con todo, ha matizado que dicho refuerzo no significa que vaya a haber más policías sino que habrá más presencia».

Con todo, Mabel Díaz y Alberto Díaz, presidenta y portavoz de la asociación de vecinos, tras expresar sus satisfacción por la mejora de la situación tras 16 años de reivindicaciones en un barrio en el que viven 3.000 personas y hay un colegio con más de mil niños, una escuela infantil y un centro cultural, pusieron el acento en la necesidad de que se prolongue en el tiempo el dispositivo policial. Además, reclamaron a Interior y a la Delegación que se extienda a otras tres calles por donde circulan rutas escolares.

«Los vecinos tenemos que pasar obligatoriamente por el polígono para entrar en la colonia, y hasta para ir a comprar el pan, y nos vemos obligados a contemplar determinadas escenas sin necesidad, y menos aún nuestros hijos. No tenemos nada en contra de esas mujeres; necesitan un espacio, pero no pueden hacer según que cosas a la vista de todo el mundo».