El PP teme «años de inseguridad jurídica» al no aprobarse la Ley de Suelo esta legislatura

La Ley de Suelo fue aprobada por el Gobierno regional como proyecto el 4 de abril de 2017, y en ese momento comenzó su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Veintidós meses después , y a pesar de las reuniones y del acuerdo que parecía existir con Ciudadanos, esta formación decidió que hacía falta más consenso –no contaba con el de PSOE y Podemos– y le retiró sus votos, imprescindibles para que el PP pudiera sacarla adelante.

La ley era necesaria, recuerda el consejero Izquierdo, porque la anterior data de 2001 y ha quedado obsoleta. «Se hizo pensando en un momento en que había habido un crecimiento económico grande , y se necesitaba mucha vivienda porque se venía de una situación de paralización por la normativa urbanística anterior». Se refiere al Plan Mangada de Urbanismo, en el que se defendía la tesis de que Madrid no tenía que crecer más.

El Gobierno regional se propuso elaborar una nueva Ley de Suelo que se adaptara a las nuevas circunstancias, y también a los cambios legislativos que se han ido produciendo y que han ido abriendo lagunas en la actual norma en vigor.

Además, explica el consejero, «introducíamos también una apuesta por las energías renovables, por el autoconsumo, por la economía circular, el crecimiento moderado que se adecuara a cada municipio, las infraestructuras acordes con esos crecimientos urbanísticos más amables, nueva calificación de usos de suelo...».

Pero los dos años que han durado las conversaciones sobre el asunto en la Asamblea –en los que se han debatido cientos de enmiendas presentadas por PSOE y Podemos contra la norma– no han cuajado finalmente en un texto consensuado, ni siquiera entre los dos socios de investidura, PP y Cs. «Después de años de trabajo en la Asamblea, con los diputados, con el Colegio de Arquitectos , con entidades del sector, con técnicos ... la ley ha quedado bloqueada, y habrá que empezar de nuevo la tramitación, desde cero, en el próximo mandato», se lamenta Carlos Izquierdo.

El principal problema que esto genera, insiste, es de inseguridad jurídica: «Ha habido muchos cambios legislativos, muchos planes se recurren, y se produce indefensión por parte de promotores y de ayuntamientos». Hasta ahora, esto se ha ido resolviendo con cambios puntuales de la ley en vigor , como el que permitió –con el apoyo de PP y Cs– que se pudieran ocupar nuevos edificios de viviendas sin que estuviera finalizada la urbanización completa de una zona, algo que afectaba a más de 5.000 familias en varios desarrollos madrileños.

Otra consecuencia de la paralización de esta nueva ley será, a su juicio, la repercusión en los precios, porque «a menos oferta de suelo, suben los precios, tanto de venta como de alquiler».

La oposición en la Asamblea aplaudió en su día el cambio de criterio de Ciudadanos con respecto a la Ley de Suelo, que dejó esta norma en vía muerta. Lo entendieron en Podemos como una «buena noticia» derivada de que la formación naranja había entendido el «rechazo mayoritario» con que, a su entender, se recibía la norma. También el PSOE estaba en contra de su puesta en marcha.