La Policía pisa los talones al «Rafita»

Fuentes del caso indicaron que trabajaban «a la carta» y que hay numerosos indicios que señalan que el propio «Rafita», que no ha podido ser detenido por ahora, formaba parte de la banda. También sus cuatro hermanos varones. Todos están en libertad con cargos y la mayoría cuenta con un amplio historial delictivo por hechos similares.

Las investigaciones arrancaron en noviembre de 2010, a raíz del hallazgo de numerosos vehículos (turismos y furgonetas) quemados en el poblado. Había datos reveladores: a todos les faltaban el motor y piezas principales, como la caja de cambios; además, estaban denunciados como robados. Las primeras pesquisas se centraron en la localización de las parcelas donde se podrían estar manipulando los vehículos, puesto que sus «esqueletos» aparecían bajo una pendiente, por la que los lanzaban en llamas los delincuentes. Las dos fincas en cuestión eran las 127 y la 176, muy cercanas entre sí y próximas a la incineradora de Valdemingómez. También se ha investigado la número 206 A y B. Su ubicación no era arbitraria: al estar en esa zona, no llamarían la atención las continuas columnas de humo que provocaban las quemas de los vehículos; podrían achacarse perfectamente a la planta de tratamiento de basuras. Aunque los doce integrantes de la banda eran parientes entre sí, había tres núcleos familiares de otras tantas generaciones. Una de estas parcelas es la que utilizaba el asesino de Sandra Palo y sus allegados. Los integrantes del grupo tenían bien diferenciada su labor en el entramado.

La actividad de los delincuentes era frenética, hasta 15 vehículos en un día. Su «modus operandi» era el mismo: trabajaban a la carta, más furgonetas que turismos, siempre con una antigüedad no superior a los seis o siete años. Les encargaban piezas tanto chatarreros como traficantes de vehículos de Marruecos, país al que viajaba parte de la mercancía.

En menos de una hora

Una vez recibido el «pedido», los encargados de los robos, todos varones, se lanzaban a la calle en busca de aquellos modelos que necesitaban. Rompían el bombín de la cerradura, abrían el maletero y luego cambiaban la centralita del vehículo por otra previamente manipulada. Así, conseguían hacerse con el control del coche. En menos de una hora, el vehículo llegaba a los talleres francos, eran descuartizados, lanzados por una pendiente y quemados, para no dejar rastro ni huellas. El precio de venta a sus clientes era de entre 2.500 y 2.800 por cada motor, cuyo valor legal oscila entre los 8.000 y los 11.000 euros. El de las cajas de cambios es de unos 3.000. Así se hicieron con un botín que ronda los 200.000 euros. El analfabetismo de los delincuentes chocaba con sus amplios conocimientos en mecánica, materia en la que siempre estaban a la última.

«El Rafita» jugaba un papel fundamental en la organización: formaba parte del grupo que cometía los robos, tras el encargo de talleres y desguaces de Getafe, además de redes marroquíes que les compraban las piezas para revenderlas su país. Asimismo, hacía labores de vigilancia durante los robos y daba el «agua» cuando tocaba. Pero también funcionaba como conductor de confianza. La banda, siempre que cometía un robo, era escoltada por otro vehículo «lanzadera». Su misión era asegurarse de que no se encontraban con controles policiales. La parte más complicada de ese trabajo era la entrada en la Cañada Real, un enorme poblado sometido al constante celo policial, para lo que utilizaba un «atajo» seguro desde Getafe. Y eso que carece de permiso de conducción.