El pacto inédito entre Almeida y los ediles díscolos pone fin al embrollo judicial de Madrid Central

Ante la incertidumbre legal que se generó a raíz del fallo del Alto Tribunal, el Consistorio decidió paralizar los procesos burocráticos y no tramita las sanciones por acceder de forma indebida al área de bajas emisiones hasta corregir el artículo suspendido por la Justicia. No obstante, las cámaras han seguido registrando las entradas de los vehículos sin etiquetas y de los catalogados como B y C que carecen de permiso para atravesar la zona. Según explicó a ABC el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante , en una reciente entrevista, durante estos tres meses «no se ha producido un incremento sustancial de los accesos a Madrid Central: siguen en torno a 90.000-100.000 entradas diarias y el número medio de accesos indebidos son cerca de 2.000 al día ». Por lo que, a lo largo de estos 90 días se han dejado en suspenso unas 180.000 sanciones, que cuando entre en vigor la nueva ordenanza podrían volver a reactivarse.

Pese a que en las previsiones del gobierno municipal ya estaba modificar esta normativa, la resolución del Supremo obligó al Área de Medio Ambiente a trabajar contra el reloj para tramitar más de 6.000 alegaciones. En paralelo, el delegado del ramo tuvo que buscar apoyos alternativos al texto , ante la negativa de Vox, PSOE y Más Madrid de refrendar la normativa.

Los de Javier Ortega Smith reclaman la eliminación del área de bajas emisiones que circunscribe el distrito de Centro. Las modificaciones introducidas por PP y Cs –conceder los mismos permisos que tienen los residentes a los comerciantes de la zona– no son suficientes para Vox. «Hay que ser consecuente y cumplir lo que se le prometió a los madrileños, que es quitar el Madrid Central», ha defendido a lo largo de estas semanas el también diputado de la formación de Santiago Abascal . La diferencia entre entonces –cuando se suscribió el pacto de investidura en mayo de 2019– y ahora es que ha entrado en vigor la Ley de Cambio Climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener zonas de bajas emisiones.

Pese a que la normativa mantiene el espíritu del Madrid Central de Carmena, los socialistas y los de Rita Maestre creen que se queda corta para atajar las emisiones contaminantes. «No solo no se avanza, sino que Almeida nos estafa al hacernos retroceder al siglo pasado», defiende Más Madrid. El PSOE tacha también de «retroceso en materia medioambiental» el nuevo texto. Sin embargo, los ya excompañeros de Maestre creen que pactar con Martínez-Almeida es la única manera de que «Vox no se salga con la suya» y de mantener las líneas maestras del proyecto de mayor envergadura que llevó a cabo su equipo en el mandato pasado. Así, los ediles escindidos han pactado una veintena de medidas imprescindibles a cambio de prestar sus votos.

Más allá de Madrid Central, la ordenanza de Movilidad afecta en muchos otros e importantes aspectos en los que han querido influir. En este sentido, Recupera Madrid ha introducido la expulsión de las motos de las aceras. «Los ciclomotores con carácter preferente estacionarán en las reservas exclusivas para estos vehículos situadas en banda de estacionamiento y, en su defecto, en el espacio no reservado de la banda de estacionamiento en forma oblicua a la línea de acera y ocupando un máximo de dos metros», consta en el texto al que ha tenido acceso ABC, que mañana rubricarán antes del pleno. También se modificará otro artículo para que «en vías urbanas de dos carriles por sentido de circulación, el de la derecha será multimodal , de forma que el límite máximo de velocidad sea de 30 km/h», excepto en las calles que existan carriles bus.

Además, la ordenanza incluye el veto progresivo de los vehículos sin distintivo de la DGT –los gasolina anteriores al año 2000 y los diésel previos a 2006– hasta que en 2025 no podrán circular por toda la ciudad; la creación de una nueva zona de bajas emisiones en Plaza Elíptica y la extensión de los parquímetros a veinte nuevos barrios exteriores a la M-30.