La ley Ómnibus permitirá a los ayuntamientos hacer viviendas públicas sobre suelos dotacionales

La nueva norma, muy combatida desde organizaciones y entidades sociales y vecinales, simplifica y agiliza trámites, para «aligerar la tramitación urbanística para facilitar la atracción de inversión», en palabras del Gobierno regional.

Aunque la ley Ómnibus –cuyo nombre completo es Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid– tiene aplicación en muchos ámbitos –sanitario, de Justicia, en Medio Ambiente, Transporte o Políticas Sociales–, en uno de los que más repercusión tendrá será el del Urbanismo . Y aquí quiere «desburocratizar» y ofrecer un marco regulatorio que proporcione seguridad jurídica a la vez que agiliza los trámites administrativos, explican en la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Paloma Martín.

Esto incluirá medidas muy concretas, como una modificación de la Ley de Suelo que permitirá que los ayuntamientos con parcelas públicas de suelo calificado como dotacional –para centros educativos, sanitarios, deportivos o sociales– las destinen finalmente a la construcción de vivienda pública , sin necesidad de realizar antes una modificación del planeamiento. De esta forma, argumentan, se evitará el éxodo de población joven de los pequeños municipios.

También establece la norma que los Patrimonios Público del Suelo amplíen sus fines, para adaptarlos a los previstos en la legislación básica estatal y poder usarlos para la reactivación económica : se podrá constituir sobre terrenos de estos patrimonios un derecho de superficie, para poder construir, bajo régimen de concesión, viviendas públicas sujetas a protección.

La nueva norma incorpora y regula además las transferencias de aprovechamiento urbanístico en suelo urbano , que estará bajo control municipal y conjugará interés público y privado, lo que permitirá hacer viables operaciones en suelo urbano consolidado «que de otra forma no resultaría posible». A partir de Ómnibus, será posible que un operador propietario de un suelo cuya edificabilidad ya esté agotada, si necesita incrementarla, podrá comprar a otro propietario de suelo en el mismo ámbito ese aprovechamiento que este segundo no haya agotado. La norma establece límites para evitar excesos en este punto.

Otro asunto objeto de tratamiento en la nueva norma es el relativo a las actividades que se pueden realizar en suelos no urbanizables con protección: se amplían las posibilidades, amparándose en que ahora existen negocios que antes no se daban y, por tanto, no estaban recogidas como usos compatibles, como por ejemplo los alojamientos turísticos o las instalaciones fotovoltaicas.

Ahora, la norma queda redactada de manera que en este suelo no urbanizable de protección, «siempre que la legislación sectorial lo permita», se podrán autorizar estas y otras actividades «siempre y cuando el plan no lo prohíba expresamente».

El Gobierno regional madrileño avanza en sus políticas de colaboración público-privada: si antes ya se modificó la Ley de Suelo para sustituir muchas licencias por declaraciones responsables urbanísticas , ahora la ley Ómnibus va más allá y señala que será la Administración regional la que habilite y registre a las entidades colaboradoras que podrán actuar en todos los municipios . Los ciudadanos podrán acudir a ellas o a sus ayuntamientos para resolver sus trámites urbanísticos.

Para ahorrar tiempo de tramitación –otro de los objetivos de la ley–, se excluye la evaluación ambiental estratégica de los estudios de detalle y de algunos planes especiales de muy escaso alcance, dado que la misma «ya está incluida en el Plan General superior, y supondría de facto duplicar el procedimiento », explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda. La medida permitirá ahorrar, afirman, «entre 4 y 6 meses de tramitación».

Además, con este mismo objeto de agilizar trámites, se amplía el plazo de información pública de los avances del Plan de Urbanismo de los 30 días actuales a 45. Y se establece que los municipios con más de 15.000 habitantes podrán modificar con un plan especial determinaciones que hasta ahora sólo podía hacer la Comunidad, lo que les permitirá recortar el tiempo de tramitación unos seis meses.

«La ley Ómnibus permite modernizar la Administración regional e impulsar la actividad económica», y la reducción de trámites que implica supondrá un ahorro de un millón de euros anuales para los contribuyentes madrileños, calculaba ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.

Pero la ley Ómnibus también ha sido muy discutida: entidades vecinales y organizaciones ecologistas son algunas de las más de 50 organizaciones que se manifestaron por las calles de Madrid pidiendo la paralización de esta norma, que a su juicio tendrá «consecuencias terribles». Además, se entregaron en el registro de la Real Casa de Correos más de 50.000 firmas en contra.

Las principales críticas que se hacen a la norma se refieren a la Agencia de Contratación Sanitaria , que consideran «opaca y sin control ciudadano»; y a otras modificaciones legales que a juicio de los manifestantes van a suponer «desregular derechos públicos y dar los bienes comunes en bandeja al sector privado para que hagan negocio con ellos».

Sobre todo, vierten críticas en materia de Urbanismo, donde les parece que la Ómnibus « promueve la transformación especulativa y la privatización del territorio madrileño». Ponen como ejemplo que se podría poner en marcha un proyecto como el frustrado Eurovegas «en cualquier clase de suelo, sea cual sea su grado de protección». Y también lamentan que permita «que las promotoras no tengan que ceder suelo a los ayuntamientos, dándoles la opción de pagar a cambio».

En Medio Ambiente, denuncian, reduce la protección de especies vegetales y de árboles «que no sean especies estrictamente protegidas».