La «ley antienchufismo» no permitirá colocar a cónyuges y familiares, hasta primos, de altos cargos

Se consideran parientes en primer grado de consanguinidad a los padres, hijos, cónyuge, suegros, yernos y nueras. En el segundo grado están los abuelos, hermanos, nietos y cuñados. En el tercer grado, los bisabuelos, biznietos, tíos y sobrinos. Y en el cuarto grado, los primos.

Que no se repitan casos como el de Noelia Posse , la alcaldesa de Móstoles que protagonizó un escándalo por la sucesión de contratos a personas de su entorno familiar y de amistades. Ese es el objetivo de la «ley antienchufismo» que llevó a la Asamblea el grupo parlamentario de Ciudadanos y cuya toma en consideración consiguió que ayer saliera adelante con los votos a favor de la propia formación naranja, el PP y Más Madrid. El PSOE, sin embargo, se abstuvo, al igual que Vox y Unidas Podemos.

Aunque el portavoz de Cs en la Asamblea, César Zafra , abrió el debate intentando encontrar unanimidad política en un tema que la lógica señalaba como de claro consenso, no lo logró. De hecho, los diputados que defendieron sus posturas en este punto del orden del día terminaron poniendo en marcha el ventilador y reprochando a todos los demás partidos casos de corruptelas y enchufes de familiares. Una estadística realmente poco edificante.

Zafra defendió su ley que será pionera entre las comunidades españolas y con la que «le arruinaremos las cenas de Nochebuena a todos los caciques». El texto que ayer recibió el visto bueno para su toma en consideración recoge dos artículos, para modificar la Ley de la Función Pública y la Ley de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.

Se propone que en ambas normas se incluya un nuevo artículo que diga. «No se podrá nombrar como funcionario de empleo eventual a las personas que, en el momento de su nombramiento , tengan un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado, con los altos cargos de la Comunidad de Madrid».

Pero las buenas intenciones de Zafra chocaron con los argumentos críticos de otras formaciones. Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU, la consideró una medida «falta de ambición», pese a lo cual su grupo decidió abstenerse y no rechazarla, para «no entorpecer el debate» de la misma.

No mejor opinión sobre la propuesta tenían en Vox: su diputada Ana Cuartero la definió como una «tomadura de pelo», viniendo de un partido que forma parte del «Gobierno más grande de la Comunidad». También se abstuvieron.

Y la misma postura es la que adoptó el PSOE, el partido que ha sufrido en sus carnes el escándalo de los enchufes de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, una polémica de tal magnitud que empujó a su partido a suspenderla de militancia de forma cautelar y abrirle un expediente en octubre que todavía está en tramitación.

La diputada socialista Macarena Elvira ayer defendió su abstención de la ley porque no tenía carácter retroactivo y dejaba «blindados» a los «prácticamente 250 cargos de confianza» que ha nombrado el Ejecutivo autonómico.

Sí apoyaron la medida desde Más Madrid, aunque desde esta formación son partidarios de mejorar sensiblemente el texto presentado; y el PP: su diputado Jorge Rodrigo recordó que ellos ya habían apoyado medidas de este tipo en otras legislaturas. Rodrigo defendió además que «esta ley se puede convertir en un instrumento útil contra el enchufismo. A todos nos interesa ser transparentes, y conseguir que los ciudadanos nos respeten y nos valoren».