El juez ordenó dos veces que Instituciones Penitenciarias controlara a «El Rafita»

Gobierno regional y PSM cruzan acusaciones por la falta de vigilancia del asesino

M. J. ÁLVAREZ I MADRID
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El «caso Rafita» sigue trayendo cola. Ayer, mientras aún permanecían los ecos de la polémica abierta sobre quién es el responsable de controlar al joven de 22 años —condenado por retener, violar, atropellar y quemar viva a Sandra Palo en 2003—, surgió el debate sobre la figura de la libertad vigilada en los menores y su encaje legal. En el terreno político, se recrudecieron las descalificaciones. Mientras, «Rafita» sigue sin nadie que lo vigile.

Y eso pese a que un juez de menores ha dictado, en dos ocasiones, que la responsabilidad de controlar la libertad vigilada sobre «Rafita» corresponde a Instituciones Penitenciarias. Lo hizo en un primer auto, con fecha 24 de noviembre de 2009. Y lo ratificó una segunda, el 21 de diciembre, a solicitud de la Fiscalía. La decisión del juez fue de tal rotundidad que incidió en que no cabía recurso.

No obstante, Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, no tiene constancia de este segundo auto, subrayaron ayer portavoces del mismo. Las mismas fuentes no quisieron entrar en polémicas: «No conducen a nada y son una falta de respeto para la familia de la víctimas». Subrayaron que su interés es solucionar el asunto, y si tenemos que ejercer esa misión, «que nos lo comuniquen y expliquen cómo hacerlo con todas las garantías legales». Además, indicaron que es la primera vez que se ven en una situación similar, puesto que «son las Comunidades las encargadas de aplicar la ley del Menor». Por contra, fuentes del Gobierno regional subrayaron que en Madrid hay otros ocho casos de menores con delitos muy graves que sí son tutelados por Interior, tal y como dice la ley.

Mientras, Instituciones Penitenciarias sí admite haber recibido el primer auto (24-11-09) en el que el magistrado les encargaba esa tarea con «Rafita». El «rifirrafe» ha surgido a raíz de la última detención de «Rafita» y su puesta en libertad sin cargos. Entonces se descubrió que era su tercer robo con fuerza en los últimos ocho meses.

Adaptar el Código Penal

La entidad dependiente de Interior alegaba que había pedido explicaciones sobre cómo aplicar una medida que no existe en la justicia de adultos y que el auto no era firme. Ayer, ABC tuvo constancia de que el juez respondió a un escrito remitido por la Fiscalía (30-11-09) en respuesta a su auto. Y, por segunda vez, reiteró su decisión inicial, desestimando la petición de aclarar o completar el auto «porque no ha lugar» (21-12-09).

El fiscal insistía en su escrito en que nunca «puede dejarse al libre albedrío la entidad encargada de la libertad vigilada, mediante un simple acto unilateral de declinar su función». Por ello, requería que se aclarara la entidad y los motivos para el cambio de competencia. Mientras, el juez recordaba en su último auto que el cambio de la tutela de «Rafita» obedecía a su incumplimiento —quebrantamiento de libertad vigilada, al fugarse de Málaga en agosto—. Un hecho, «al que hay que dar respuesta, tal y como establece la ley», en su artículo 105.1 del Código Penal.

Instituciones Penitenciarias indicó ayer que para solventar el «caso Rafita» se reunirá en breve con los representantes del Poder Judicial, Fiscalía de Menores y Comunidades implicadas en su reinserción. En ese foro, debatirán sobre una posible adaptación de la medida de libertad vigilada al Código Penal.

Con esta marejada, y con la cadena perpetua como telón de fondo, el secretario general del PSM, Tomás Gómez se preguntó cómo la Comunidad, «cuya especialidad es el espionaje», no ha podido vigilar a «Rafita». El consejero de Justicia, Francisco Granados, lamentó la grave irresponsabilidad de Gómez, por culparles de lo ocurrido. El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, sostuvo que la cadena perpetua reversible es «un clamor popular».

Mientras, la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, aseguró que corresponde al juez supervisar y fijar las condiciones de la libertad vigilada y que la cadena perpetua no cabe en la Constitución.